La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha dado hoy 48 horas a empresas y sindicatos para alcanzar un acuerdo en la huelga de limpieza y ha avisado de que, de no ser así, llevará a la Fiscalía la situación creada por esta «huelga salvaje» y encargará a la empresa pública Tragsa los servicios mínimos.
Botella ha formulado este anuncio en una comparecencia con motivo de la novena jornada de huelga en el servicio de limpieza viaria y mantenimiento de jardines en el Ayuntamiento de Madrid, convocada por los sindicatos en protesta por la presentación de un ERE para algo más de 1.100 de los 6.000 trabajadores del sector.
Arropada por responsables municipales como el portavoz de su Gobierno, Enrique Núñez, el delegado de Medio Ambiente Diego Sanjuanbenito y su coordinador general, Juan Antonio Gómez-Angulo, entre otros, Botella ha señalado que la opción de encargar a la empresa Tragsa -participada por el Estado- no costará «ni un euro» a los madrileños.
Los servicios de servicios mínimos de Tragsa se mantendrían «tanto tiempo como dure el conflicto» y los gastos y costes se repercutirán, ha agregado Botella, a las concesionarias del servicio, que según Botella son las que tienen la obligación de cumplir los servicios mínimos.
Tanto Botella como fuentes municipales han precisado que Tragsa no puede asumir más que los servicios mínimos, ya que rebasarlos chocaría con el derecho de huelga de los trabajadores.
La alcaldesa de Madrid ha lanzado la advertencia de acudir a la Fiscalía argumentando que ya ha formalizado el aviso a las empresas de que no se están cumpliendo los servicios mínimos y una vez que, en su opinión, ya ha transcurrido un plazo prudencial para un acuerdo entre las tres empresas concesionarias y los trabajadores.
Ante el ministerio público, el Ayuntamiento denunciará tanto el incumplimiento de los servicios mínimos como las consecuencias de esta situación para los ciudadanos.
Ha recordado que el Ayuntamiento se dirigió ayer formalmente a las empresas concesionarias para exigirles de manera «efectiva» el cumplimiento de los servicios mínimos que se habían decretado ante la convocatoria de huelga.
Pero a estas horas y «pese a las labores de escolta y protección», ha recalcado, los servicios mínimos «no se están cumpliendo», cuando estos son a juicio de Botella «un deber de las empresas».
La alcaldesa de Madrid ha reprobado una «huelga salvaje» en la que no se han respetado los «cauces legales» por los que debe discurrir el ejercicio de un derecho fundamental y ante acciones de los piquetes que han provocado una situación que, ha apostillado, no se puede «tolerar» por más tiempo.
«Madrid no puede esperar más a que se pongan de acuerdo», ha recalcado Botella.
Botella ha descartado pedir cualquier tipo de ayuda al Ministerio de Defensa para que el Ejército colabore en la limpieza, puesto que según ha argumentado no existe un riesgo para la salud de los ciudadanos.
Ha indicado que el Ayuntamiento ha actuado en este conflicto «conforme al plan previsto desde el primer día» y ha defendido los nuevos contratos en el sector que entraron en vigor en agosto aduciendo que «supondrá una mejora para los madrileños».
Además, ha asegurado que el Ayuntamiento de Madrid no se plantea la rescisión» del nuevo contrato -que a diferencia de los anteriores no fija un número mínimo de trabajadores- porque cree que es el «modelo adecuado».
Preguntada sobre la posibilidad de modificar las condiciones del contrato para marcar una plantilla mínima, ha indicado que no contempla esa opción y que la «relación laboral» existe entre las empresas y los trabajadores.
Botella ha sostenido que el Ayuntamiento no conocía «ningún plan» de «ninguna» de las empresas para acometer despidos.
Se ha negado a contestar a las críticas de los sindicatos y ha añadido que quizá estos deberían contestar también sobre la «vandalización» del conflicto y sobre la responsabilidad que, para Botella, tienen también en el cumplimiento de los servicios mínimos.