El Gobierno ha utilizado una potestad legal muy poco empleada en democracia para dejar constancia ante el Congreso de su rechazo hacia la consulta catalana reclamada desde el Parlament, si bien no se opone a tramitar en la Cámara Baja la proposición aprobada por el Parlamento catalán que reclama para la Generalitat la competencia de convocar un referéndum.
De «meramente especulativa» califica el Ejecutivo la consulta en un escrito presentado el viernes en el Congreso para fijar su criterio ante esta iniciativa; también subraya que la propuesta recogida en la proposición de Ley Orgánica remitida al Congreso no tiene cabida en la Constitución.
La fijación de criterio sobre una iniciativa parlamentaria es una facultad que tiene el Gobierno, escasamente empleada, y que incluso le permite vetar su tramitación en el caso de que implique aumento en los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios estatales, algo que según admite no ocurre en este caso.
La argumentación remitida a la Cámara Baja y firmada por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, explica que los referendos consultivos están previstos en la Constitución «sola y únicamente para someter a consulta de los ciudadanos decisiones políticas de especial trascendencia».
De esta manera, añade, «no caben consultas meramente especulativas».
También sostiene que una «eventual aprobación» de la iniciativa en trámite «podría suponer una vulneración de la Constitución, en la medida en que con ella se pretende la delegación de una facultad o competencia que por su propia naturaleza no es susceptible de transferencia o delegación».
Constitución
Y advierte de que admitir esta delegación equivaldría a proclamar que, por la sola decisión unilateral de los ciudadanos catalanes puede disolverse lo que la Constitución proclama indisoluble y dividirse lo que declara indivisible.
«Ni este Gobierno, ni las Cortes Generales, ni el Parlamento de Cataluña pueden legítimamente privar de manera unilateral al conjunto del pueblo español, único titular de la soberanía, de su derecho a decidir sobre su futuro colectivo», recalca.
Más allá del contenido del escrito, la portavoz de UPyD, Rosa Díez, recordó ayer que su grupo siempre ha sido partidario de debatir cuanto antes la proposición del Parlament; «No se arregla nada esperando a que las cosas se pudran», enfatizó.