Las comercializadoras de electricidad deberán emitir a partir de este sábado las facturas de la luz conforme al nuevo modelo aprobado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, según la resolución sobre esta materia publicada por el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Las nuevas facturas están diseñadas para facilitar la comprensión del suministro e incluirán tanto la contribución de cada fuente de generación como las emisiones de CO2 en las que se haya incurrido.
Otra de las novedades es un desglose detallado por porcentajes de cada una de las partidas a las que se destina el importe de la factura. Habrá tres grandes bloques, que son el coste de producción de electricidad, los impuestos y los costes regulados.
Dentro de los costes regulados, Industria ha fijado, conforme a la orden de peajes de enero, los porcentajes que aparecerán en el recibo. Los incentivos a las renovables, cogeneración y residuos recibirán el 36,28% de estos costes, frente al 32,12% del transporte y la distribución, y el 31,6% de otros costes regulados.
La factura tipo varía en función del tipo de cliente, pero en términos generales constará de tres páginas. La primera incluirá en el encabezamiento el logotipo de la comercializadora, el importe de la factura, los datos del cliente y un primero desglose por potencia contratada y potencia consumida.
Aparecerán además un gráfico de consumo para conocer la evolución del mismo, los datos del contrato y un cuadro en el que se indican los momentos en los que se ha realizado la lectura o qué parte se factura de forma estimada o con lecturas reales.
La segunda página incluirá aspectos como el desglose del recibo, donde el consumidor podrá saber qué parte del recibo se dedica a cada concepto. La tercera página recoge el impacto ambiental y ofrece información acerca de las alternativas al precio regulado o del bono social.
Podemos NO permitirá este juego de trileros y engañabobos al ciudadano. Se exigirá nacionalización de del sector energético y transparencia forzosa en las facturas y tarifación. No al robo injusto y mafioso al ciudadano, máxime en sectores básicos y esenciales.