La Junta de Fiscales de Sala ha comenzado su reunión poco después de las 10.00 horas de este miércoles y tiene sobre la mesa una propuesta del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, para que se dirija una querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas; la vicepresidenta, Joana Ortega y la consejera de Educación, Irene Rigau, por los delitos de desobediencia, malversación, prevaricación y usurpación de funciones por su papel en la organización del llamado «proceso participativo» del 9N.
Así lo han señalado fuentes fiscales minutos después de dar comienzo la reunión, que se celebra con la ausencia de dos de los 27 miembros de éste órgano. Al cónclave, presidido por el propio Torres-Dulce, faltan el juez togado militar, Fernando Marín Castán, que no ha tomado posesión tras haber sido designado recientemente, y el fiscal de Sala del Tribunal Supremo Juan Ignacio Campos, que se encuentra enfermo.
Otro de los documentos que la Junta tiene sobre la Mesa es el acta de la reunión que celebraron el lunes los nueve miembros de la Junta de Fiscales de Cataluña y que fue remitida a la Fiscalía General del Estado para justificar su negativa a interponer la querella.
Según esa acta, los fiscales opinaron que el hecho de que el Tribunal Constitucional (TC) no dirigiera a la Generalitat una advertencia expresa en la providencia por la que suspendió la consulta alternativa «parece responder a una decisión meditada» de este órgano y dificulta que pueda hablarse de un delito de desobediencia.
«La ausencia de orden concreta, precisa y determinada supone, obviamente, la falta de un destinatario con los mismos atributos» y «tampoco se dirige a un destinatario concreto», apuntan los fiscales para justificar su oposición a la presentación de acciones penales contra Mas.
El documento, de ocho páginas y que sólo se refiere al delito de desobediencia y no a otros supuestos penales, añade que, pese a las objeciones para interponer las acciones penales ellos son conscientes de que en contraste con el papel del TC «como parte procesal respetuosa y sumisa con el 'iter procesal'», por parte del Gobierno de la Generalitat «se ha recurrido al empleo de argucias jurídicas sin precedentes (..) y con absoluta falta de lealtad al acuerdo constitucional».
La Junta de Fiscales de Sala está integrada por 26 fiscales, además de Torres-Dulce, y se trata de cargos que en su mayoría no fueron designados durante su mandato, sino que corresponden al de Cándido Conde-Pumpido. Tan solo tres corresponden a la etapa del actual fiscal general: el fiscal jefe de Siniestralidad Laboral, Anselmo Sánchez-Tembleque; el responsable de la Secretaría Técnica de la Fiscalía Jaime Moreno y el recientemente designado teniente fiscal del Supremo Luis Navajas.
La Junta la integran el teniente fiscal del Tribunal Supremo --el recientemente designado Luis Navajas-- varios fiscales más del Supremo, entre ellos Eduardo Fungairiño; los fiscales jefes de la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional, los responsables de las fiscalías especializadas (Anticorrupción, Drogas, Seguridad Vial, Siniestralidad Laboral, Cooperación Internacional, Extranjería, Menores, Medio Ambiente, Violencia de género) y los jefes en la Secretaría Técnica, de la Inspección y de la Unidad de Apoyo.
Según el artículo 15 del Estatuto Fiscal, esta junta «asiste al Fiscal General del Estado en materia doctrinal y técnica, en orden a la formación de los criterios unitarios de interpretación y actuación legal».
La decisión que adopte la Junta de Fiscales de Sala es, en todo caso, no vinculante, y la decisión última dependerá de Torres-Dulce, que trata con esta reunión de obtener el respaldo de la cúpula del Ministerio Público en una actuación que ha merecido el rechazo de los fiscales del territorio afectado.
Fuentes de la Carrera consultadas aseguran que, si la Junta se opusiera a la acción penal, lo que parece poco probable, la decisión de Torres-Dulce sería la de no interponer finalmente la querella.