José María Ruiz-Mateos Jiménez de Tejada, de 84 años, ingresó este lunes sobre las 21:00 horas en la Unidad Coronaria de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid, ha confirmado a Efeagro su portavoz y abogado, Marcos García Montes.
«Ayer ingresó por una afección grave de corazón y ahora los facultativos le están poniendo un marcapasos», ha detallado García Montes.
Según el abogado, «la documentación está en un juzgado de lo penal de Valladolid».
«Ningún juez de España decreta la prisión de un señor que está enfermo grave y que, además, está en la UCI», ha insistido.
Al no personarse la mañana de este martes, el juzgado de lo Penal número 1 de Valladolid ha aplazado hasta el 20 de octubre el juicio que estaba previsto para hoy contra él y uno de sus hijos por dos delitos contra la Hacienda Pública al alegar las defensas el ingreso en la UCI del empresario jerezano.
El tribunal ha considerado que «no está justificada» la incomparecencia de José María Ruiz Mateos y, aunque ha aplazado la vista hasta el 20 de octubre, ha asegurado que dictará una orden de busca y captura para el acusado que quedará suspendida si se documenta que ha sido ingresado en la UCI.
A la vista oral, sí han asistido el hijo acusado del empresario, José María Ruiz Mateos Rivero, y otra mujer también procesada en el procedimiento, E.S.C., acusada de los mismos delitos como cooperadora necesaria.
El letrado de José María Ruiz Mateos Jiménez de Tejada presentó un escrito del pasado 24 de abril en el que pedía la suspensión del juicio alegando motivos médicos, una petición a la que este martes se ha unido el abogado de su hijo, quien ha explicado que el empresario se encuentra ingresado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) desde anoche.
La Fiscalía ha solicitado para el empresario jerezano y para su hijo diez años de prisión para cada uno por dos delitos contra la Hacienda Pública y una multa de 47 millones de euros, también para cada uno por el fraude fiscal.
Para la otra encausada, el Ministerio Público ha pedido ocho años de prisión como cooperadora necesaria en dos delitos fiscales y 32 millones de euros de multa.