Los descendientes de los moriscos expulsados de España en el siglo XVII van a preparar un memorándum jurídico para pedir el derecho a la nacionalidad española, al igual que los descendientes de los judíos sefardíes.
Según dijo Nayib Lubaris, presidente de la Asociación Memoria de los Andalusíes y voz más destacada entre los descendientes de los moriscos en el Magreb, su asociación está preparando un congreso para el próximo mes de marzo de carácter eminentemente jurídico.
Historiadores, abogados especialistas en derechos históricos y universitarios, procedentes de España, el mundo árabe y América Latina, van a ser invitados a este congreso en la ciudad de Rabat, que concluirá con un memorando para ser presentado al Gobierno español con sus argumentos.
Lubaris reconoció «el gran retraso» que los moriscos llevan con respecto a los sefardíes en la reclamación por sus derechos históricos, y señaló que lo más importante es contestar la legalidad de la ley española que entró en vigor este jueves y que concede la nacionalidad a los descendientes de sefardíes.
Para Lubaris (cuyo apellido es una deformación de «Olivares"), la exclusión implícita de los moriscos de esta ley atentaría contra la Constitución española y contra las leyes internacionales que prohíben todo tipo de discriminación por motivos étnicos o religiosos.
Marruecos es el país donde más moriscos españoles recabaron tras su expulsión de España, por delante de Argelia y Túnez, países donde sus descendientes, que los árabes llaman «andalusíes», han conservado una herencia cultural propia en ropa, música o cocina, aunque ya no hablan español, a diferencia de los sefardíes, que siguen conservando su lengua ancestral, el ladino.
Curiosamente, Marruecos es también el país donde más judíos sefardíes emigraron, y de hecho en el primer lote de 4.032 «nacionalizaciones por carta de naturaleza» anunciado por el Consejo de Ministros de España, una gran parte de los agraciados proceden de Marruecos, Turquía y Venezuela.
Lubaris quiso dejar claro que su asociación y el congreso son iniciativas exclusivas de la sociedad civil, y no tienen financiación de ningún órgano de gobierno o político «para no ser portavoces de nadie».