El tribunal del caso Malaya ha ordenado este martes que los 27 condenados con penas superiores a los dos años de cárcel ingresen en un término de diez días como máximo en el centro penitenciario que ellos elijan.
El tribunal que juzgó el caso Malaya, el principal caso de corrupción en España, ha notificado este martes a todos los encausados un auto de ejecución de la sentencia, que consta de 16 folios.
Al único procesado que no le afecta la resolución judicial es al cerebro del caso, Juan Antonio Roca, que ya está en prisión.
Entre las personas a las que se le requiere su ingreso se encuentran la exalcaldesa Marisol Yagüe y la que fuera el «azote» de Jesús Gil durante sus años de concejal socialista, Isabel García Marcos, y que fue expulsada del PSOE en 2003 por apoyar la moción de censura que derrocó al exalcalde de Marbella Julián Muñoz.
También tendrán que ingresar varios exconcejales de Marbella, testaferros del cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, ya en prisión, y algunos empresarios.
Otra persona que tendrá que ingresar es Tomás Reñones, que fue alcalde en funciones de Marbella desde la detención de Marisol Yagüe el 29 de marzo hasta la toma de posesión de la comisión gestora el 21 de abril.
Reñones, de 45 años y natural de Santiago de Compostela, fue antes de dedicarse a la política jugador y capitán del Atlético de Madrid, club que presidió el exalcalde de Marbella Jesús Gil, ya fallecido.
Entre los empresarios a los que se le ordena que ingresen en prisión se encuentran el constructor José Ávila Rojas, Carlos Sánchez, Pedro Román y Andrés Lietor.
Entre los abogados y testaferros se hallan Manuel Sánchez Zubizarreta, Juan Germán Hoffman, Montserrat Corulla y Oscar Benavente, entre otros.
Algunos de los condenados, según han indicado a Efe fuentes del Tribunal, se encuentran fuera de España, pero la mayoría ya se han puesto en contacto con la Sala para comunicarles que cumplirán con la ejecución en el plazo establecido.
En el caso de no poder notificar el auto a alguna persona por estar en paradero desconocido se decretará su orden de busca y captura cumplido el plazo de diez días, han subrayado las fuentes, que también han indicado que hay un condenado que ha pedido al tribunal cumplir su condena en una prisión de Italia.
Otros abogados ya han adelantado a la Sala que pedirán que se computen las comparecencias de sus clientes cuando iban a firmar a los juzgados (a razón de un día de cárcel por cada diez comparecencias) y los días de juicio para que se les resten de las penas de prisión.
Respecto a los condenados que crean que su caso es susceptible de libertad condicional por edad avanzada o enfermedad como es el caso de un empresario y un abogado, el tribunal, según las fuentes, resolverá una vez que hayan entrado en la cárcel.
Por otra parte, a los condenados a dos años o a penas inferiores (son 18 afectados, entre ellos el exalcalde de Marbella Julián Muñoz) se les requiere al pago de las penas de multas impuestas y en su caso de las responsabilidades civiles acordadas.
Una vez que paguen, el tribunal estudiará uno a uno si suspenden la entrada en la cárcel de esas 18 personas, aunque también tendrán que cumplir otros requisitos como carecer de antecedentes penales, reparar el daño causado o tener voluntad de hacerlo.
La investigación judicial de la trama de corrupción comenzó a finales de 2005 y se destapó en marzo de 2006 con la primera fase de detenciones.
El procedimiento judicial tuvo como consecuencia la disolución del Ayuntamiento de Marbella en abril del 2006 y la constitución de una comisión gestora hasta las elecciones de 2007.