El extesorero del PP Luis Bárcenas ha pedido la declaración como testigos en el juicio del caso Gürtel, previsto a partir del 4 de octubre, de los exdirigentes del PP Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes, Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja, y del actual vicesecretario nacional para asuntos territoriales, Javier Arenas.
En un escrito al tribunal de la Audiencia Nacional que juzgará la trama de corrupción la defensa de Bárcenas, que por estos hechos se enfrenta a una petición del fiscal de 42 años y medio de cárcel, explica que solicita ahora esta prueba testifical, que califica de «imprescindible», porque dado lo extenso del procedimiento no hubo tiempo de reclamarla en el escrito de defensa.
Además de estos testigos, la defensa, que ejerce el abogado Francisco Maroto, pide a la Sala que complete, vía comisión rogatoria a Suiza, los movimientos en la Banca Gottardo de la cuenta «Glotón», perteneciente al también extesorero del PP Rosendo Naseiro, para determinar si el origen de los fondos transferidos a Bárcenas -927.700 euros- tuvieron un origen ilícito.
Lo que la defensa del extesorero pretende acreditar es que ese dinero «no se corresponde con ninguna actividad ilícita», sino que es fruto «de la intermediación e intervención en operaciones de compraventa de obras de arte», argumento que siempre ha esgrimido Bárcenas para justificar su enriquecimiento.
En cuanto a los testigos, gran parte de ellos propuestos en la causa de los papeles de Bárcenas sobre la caja B del PP, el escrito desgrana los motivos que llevan a solicitar su comparecencia también en el juicio de la primera época de Gürtel (1999-2005).
De Cascos señala que su nombre aparece en informes policiales sobre una conversación en la que se habla de que Francisco Correa -presunto cabecilla de Gürtel- le habría dado mil millones a él y a Bárcenas procedentes de comisiones por adjudicaciones en obras del Ministerio de Fomento cuando Cascos estaba al frente.
Además, en las anotaciones intervenidas al presunto contable de la trama Gürtel José Luis Izquierdo, «figuraría un reparto de fondos entre distintas personas supuestamente identificadas con iniciales, que da lugar a distintos informes policiales en los que de forma implícita y explícita se cita al Sr. Álvarez Cascos con relación a distintas operaciones vinculadas con este procedimiento».
Respecto de Arenas, el abogado lo reclama por su conocimiento de «las funciones, relaciones y responsabilidades» de Bárcenas en las fechas de los hechos y por haber dirigido como secretario general el comité de campaña en las elecciones municipales del año 2003 en las que fue contratada la UTE formada por la agencia Mccaan-Rialgreen.
Esa adjudicación se encontraría entre los hechos delictivos de los que se acusa a Bárcenas y su defensa recuerda que la empresa Rialgreen fue también contratada para la campaña de las elecciones andaluzas del año 2004, siendo Arenas presidente del PP en Andalucía.
De Acebes, «de quien dependía el tesorero nacional y el gerente», el abogado quiere su testimonio por ser «pleno conocedor» de la operación de compraventa de acciones de Libertad Digital investigada en esta causa.
En cuanto a Mayor Oreja, se reclama su testimonio porque en los escritos de acusación se asegura que Bárcenas se habría lucrado con el pago de viajes que se habrían abonado siguiendo las instrucciones del exministro de Interior y que se facturaron al «grupo del Partido Popular Europeo y por la Fundación de Estudios Europeos», presidida por Mayor Oreja.
En relación a estos mismos hechos, Bárcenas requiere también el testimonio de Gerardo Galeote, eurodiputado y portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo hasta el año 2009, y que fue vicepresidente de la Fundación de Estudios Europeos.
La testifical de Rato la pide «como conocedor» de la adjudicación de las campañas electorales y para determinar si hubo trato de favor a Correa.
Además de estos dirigentes populares, se solicita también que testifique José Manuel Fernández de Santiago, que fue consejero de Fomento cuando se adjudicó la Variante de Olleros de Alba y la Variante de Mena, adjudicaciones en Castilla y León por las que se acusa a Bárcenas de haber obtenido comisiones ilegales.