La Fiscalía ha presentado un informe en el Tribunal Supremo favorable a designar un instructor para investigar a la senadora del PP Rita Barberá por supuesto blanqueo de dinero del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia cuando era alcaldesa de esta ciudad, han informado fuentes jurídicas.
El fiscal reclama al Supremo que designe un magistrado instructor para iniciar la investigación en un informe que es consecuencia de la exposición razonada que envió al alto tribunal el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga el denominado caso Imelsa, al afectar a una aforada, en este caso senadora.
En su exposición el magistrado subrayaba las sospechas sobre las cuentas del PP y la relación de Barberá con la responsable de las finanzas, la exsecretaria del grupo municipal María del Carmen García-Fuster, principal imputada en esta pieza separada, y consideraba que las explicaciones dadas por la senadora son insuficientes para excluir su posible implicación.
La pieza sobre presunto blanqueo de capitales en el grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia tiene 47 personas imputadas, más el PP como persona jurídica, e investiga donaciones de mil euros de concejales y asesores, que presuntamente les devolvió el partido en dos billetes de 500 para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita.
El magistrado considera que, dado que la exalcaldesa ha reconocido que hizo el donativo de 1.000 euros por el que están imputados todos los concejales, exconcejales, asesores y exasesores que también hicieron el pago en vísperas de las elecciones de 2015, sería «incoherente» no elevar exposición al Supremo.
El Tribunal Supremo es el único competente para investigar y, en su caso juzgar, a la senadora.
El juez explica que ni las dos investigadas que han reconocido que el dinero entregado les fue devuelto, ni los cuatro testigos que se negaron a hacer la aportación, han realizado una imputación concreta sobre la participación de la exalcaldesa de Valencia en los hechos.
Sin embargo, el instructor detalla las sospechas que existen sobre las finanzas del PP, e incide en la relación de la actual senadora con la persona que gestionaba las cuentas bancarias, la exsecretaria del grupo municipal, María del Carmen García-Fuster, también imputada en este procedimiento.
Según el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, el juez apunta que Barberá era su superiora jerárquica como alcaldesa y máxima responsable del grupo municipal, y existía además una relación personal de estrecha confianza entre la aforada y la principal investigada.
Esta, en su declaración judicial, se negó a desvelar el origen de varios ingresos detectados en 2003, 2010 y 2011 por un importe superior a 200.000 euros, así como la identidad de la persona que le entregaba ese dinero, han añadido las mismas fuentes.
El juez considera que la investigación sobre el supuesto dinero blanqueado, por la naturaleza opaca del mismo, es compleja.
Así, explica que la «presunta naturaleza delictiva de comisiones o mordidas en el ámbito de la Concejalía de Cultura que se investigan en la pieza principal» son «muy anteriores en el tiempo», pero considera «significativo» el silencio de García-Fuster al ser interrogada sobre el origen de ese dinero.
Antes de elevar la causa al Supremo, el magistrado ofreció declarar a Barberá, quien presentó un escrito de alegaciones en el que reconoce la aportación del dinero para la campaña de las elecciones de 2015 en las que ella optaba a la alcaldía, y niega el reintegro del mismo.
Sus explicaciones, señala el instructor, son insuficientes para excluir su posible implicación en los hechos investigados.