La Fiscalía ha pedido diez años de inhabilitación por haber organizado la consulta soberanista del 9N de 2014 para el expresidente de la Generalitat Artur Mas, que ha tachado de «farsa» el proceso judicial.
En su escrito de calificación, presentado este lunes ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), los fiscales Francisco Bañeres y Emilio Sánchez Ulled acusan a Mas y a sus exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau de los delitos de desobediencia grave y de prevaricación, por haber promovido desde el Govern la consulta del 9N pese a haber sido suspendida por el Tribunal Constitucional.
El ministerio público pide penas de diez y nueve años de inhabilitación para los encausados -Mas como autor, Ortega y Rigau como cooperadoras necesarias- para ejercer cargos públicos electivos, de ámbito local, autonómico o estatal, por ambos delitos de desobediencia y prevaricación en concurso.
Para el caso de que el TSJC decida condenar a los procesados por esos dos delitos por separado, la Fiscalía propone como alternativa una pena de nueve años y medio de inhabilitación y multa de 36.000 euros para Mas y, para Ortega y Rigau, multa de 30.000 euros y ocho años de inhabilitación.
El TSJC, tras la instrucción del caso, ciñó los hechos imputables a los delitos de prevaricación y desobediencia, que no llevan aparejadas penas de prisión, y descartó el de malversación, que inicialmente planteaba la Fiscalía en su querella y que sí está castigado con cárcel.
Tras conocer la petición de la Fiscalía, Mas ha comparecido, acompañado de Ortega y Rigau, para acusar al Gobierno de haber «presionado» a los fiscales para convertir el 9N en un «gran aquelarre judicial».
Mas ha considerado un «honor» ser procesado por «poner la cara» para consultar a los ciudadanos y ha denunciado que «esto de la democracia y de la separación de poderes produce auténtica urticaria» al Estado, mientras que Ortega ha defendido la actuación de los tres procesados: «Lo volveríamos a hacer», ha dicho.
Desde Madrid, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha expresado su respeto por la decisión de la Fiscalía y ha subrayado que «la ley se aplica para todos y, cuando uno la incumple, en un Estado de derecho eso tiene consecuencias».
La delegada del Gobierno en Cataluña, Llanos de Luna, ha advertido de que «al margen de la ley no puede existir la democracia, en un Estado de Derecho nadie está por encima de ella, así que los representantes públicos no sólo tenemos que cumplirla, sino ser ejemplares en el cumplimiento de la legalidad».
En cambio, el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, ha asegurado que la Fiscalía demuestra «alergia a la democracia y al mandato democrático de los ciudadanos», mientras que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reaccionado desde Twitter: «Su vergüenza es nuestra fortaleza. No estáis solos: somos más los que preferimos las urnas a las polillas».
La coordinadora general del Partit Demòcrata Europeu Català, Marta Pascal, ha dicho que las peticiones de la Fiscalía son «un fascículo más de la vergüenza» del Estado: «Esto es España», ha remachado.
El portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha pedido que no haya «intromisiones partidistas» ni una «utilización netamente política» de la decisión de la Fiscalía.
Por su parte, el presidente del PSC, Àngel Ros, ha «lamentado» las peticiones de inhabilitación de la Fiscalía y, si bien ha afirmado que los socialistas «respetarán» cualquier decisión, ha criticado que se «judicialice el debate político».
El grupo parlamentario de Catalunya Sí que es Pot se ha posicionado en contra de la inhabilitación de Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por haber organizado la consulta soberanista del 9N de 2014: «¡Poner urnas no puede ser delito!», ha proclamado la confluencia de izquierdas desde Twitter.
Un mensaje análogo ha lanzado la CUP, que ha expresado en un tuit su solidaridad con los encausados: «Votar no es ningún delito».