El magistrado del Tribunal Supremo que instruye la causa del 'procés' soberanista en Cataluña, Pablo Llarena, ha pedido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que le informe «a la mayor brevedad posible» sobre el soporte objetivo en el que se basa para afirmar que ni un euro de dinero publico fue destinado a pagar la consulta ilegal del 1-O, ya que ello contradice «las fuentes de prueba recogidas» en esta investigación judicial.
En una providencia dictada este martes, el magistrado hace alusión a que durante las declaraciones indagatorias realizadas desde este lunes, varios de los procesados en prisión habrían aludido en su defensa a las manifestaciones en las que Montoro «supuestamente expresa la certeza de una ausencia de gasto público» en la organización de la votación ilegal.
Por su parte, los abogados de la acusación popular en la causa que se tramita en el Tribunal Supremo por el 'procés' soberanista en Cataluña, ejercida por Vox, han señalado este miércoles que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, debería dimitir si la instrucción demuestra que ha existido malversación de fondos públicos para pagar los gastos del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre.
«Esperamos que cuando se acredite que hay malversación Montoro presente la dimisión, por dar argumentarios falsos a los procesados por los delitos más graves contra la democracia y también por su falta de control de fondos públicos», ha manifestado Ortega Smith al término de la diligencia judicial