La Fiscalía de Almería ha solicitado la prisión permanente revisable por el delito de asesinato con alevosía para la acusada Ana Julia Quezada Cruz, autora confesa de la muerte del menor Gabriel Cruz el 27 de febrero de 2018 en la pedanía nijareña de Rodalquilar, en Almería.
El escrito provisional de la calificación del Ministerio Público ha sido remitido al Juzgado de Instrucción número 5 de Almería, previo a la apertura del juicio oral en la Audiencia Provincial ante un tribunal con jurado, según ha informado la Fiscalía Superior de Andalucía.
El escrito del Ministerio Fiscal también formula acusación por dos delitos de lesiones psíquicas producidas a los padres y pide diez años más de prisión, cinco por cada uno de ellos, y la prohibición de comunicación o aproximación a una distancia de un kilómetro durante 30 años.
Como responsabilidad civil, la Fiscalía solicita que la acusada Ana Julia Quezada abone una indemnización de 300.000 euros para cada uno de los padres, en concepto de reparación por el daño moral causado y por el mismo delito la cantidad de 160.000 euros a la abuela paterna.
También incluye el pago a los progenitores Patricia Ramírez y Ángel Cruz en la cantidad de 170.000 euros, 85.000 euros por cada uno de ellos, en concepto de lesiones psíquicas y secuelas y por los gastos médicos-farmacéuticos acreditados.
OPERATIVO DE BÚSQUEDA VALORADO EN 200.000 EUROS
La fiscal también solicita el pago de 200.203 euros por los gastos generados en el amplio despliegue operativo que se puso en marcha en la búsqueda del menor desaparecido durante once días, según consta en el escrito consultado por Europa Press.
El escrito de calificación fiscal indica que el asesinato se produjo el mismo día de la desaparición por asfixia mecánica por sofocación al obstruir los orificios respiratorios de boca y nariz utilizando una «fuerza desproporcionada» con respecto a la del menor hasta vencer la resistencia de la víctima.
«Con la finalidad de encubrir su actuación criminal --señala el escrito fiscal-- la acusada ocultó el cuerpo en una pequeña fosa que cavó en la zona exterior de la finca y lo cubrió de tierra y piedras» y «trasladó, posteriormente, las prendas de vestir de la víctima hasta un contenedor de vidrio de la barriada de Retamar siendo localizadas por la Guardia Civil en su investigación».
La calificación del Ministerio Fiscal alude a la aptitud mantenida por la acusada durante el periodo de búsqueda del menor, de «aflicción, compungida y apesadumbrada, involucrándose en las batidas de búsqueda en una clara actitud de simulación, fingimiento y farsa, pública y notoria con absoluta frialdad de ánimo», todo ello destinado a disipar cualquier duda o sospecha sobre su implicación en la desaparición del menor, según ha apreciado.
DIRIGIÓ SOSPECHAS HACIA SU EXPAREJA
Durante la búsqueda, según abunda la Fiscalía, la procesada llegó a propiciar el hallazgo de una de las prendas de la víctima en un cañaveral apartado y de difícil acceso que ella había frecuentado únicamente con una anterior pareja sentimental, persona que vivía en las inmediaciones del lugar ello «con la evidente finalidad de despistar en la búsqueda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad e incluso con el propósito de dirigir sospechas contra la referida expareja y ante la presión que le suscitaba la presencia cada vez mayor de efectivos de las Fuerzas de Seguridad, voluntarios y de medios de comunicación».
El escrito de acusación del Ministerio Fiscal requiere finalmente que «como consecuencia del trágico desenlace y del conocimiento que con posterioridad han tenido los padres de la implicación directa de la acusada y del proceder de la misma, tras la muerte del menor, en el desarrollo de los hechos acaecidos, persona integrada en su más íntimo entorno familiar, ambos progenitores están padeciendo una afectación psíquica importante en su estado de salud».