El portal inmobiliario Idealista ha sacado a la luz los datos sobre el mercado de alquiler. El informe presenta datos negativos: por un lado, se reduce el número de vivienda en oferta. Por el otro, la demanda crece. Dos combinaciones con las consecuencias que ya conocemos: más viviendas vacías sin sacar al mercado, más gente compitiendo por una vivienda y precios más elevados.
La justificación de estas cifras, según el portal inmobiliario, tienen por causa dos factores: por un lado, la "excesiva fiscalidad" en torno al mercado del alquiler, lo que supondría un encarecimiento de las condiciones de alquilar una habitación, razón por la que muchos propietarios deciden no sacar al mercado su vivienda, según Idealista. Aunque puede parecer factible, este dato solamente no explica la escasa oferta de pisos.
Por otro, también menciona el "riesgo de okupación", un factor que, según este portal, haría que los propietarios decidan no poner su vivienda en alquiler por el riesgo de impago de los inquilinos. A pesar de esto, por lo general las casas que permanecen vacías corren más riesgo de ser okupadas debido a su vulnerabilidad y a la escasa vigilancia.
Aun así, algunas regiones como Cataluña, Navarra y el País Vasco sí han dado el paso y han comenzado a limitar el incremento de los nuevos contratos en determinadas áreas. Mientras tanto, continúa el debate sobre cómo regular de forma efectiva otras fórmulas de arrendamiento como los alquileres de temporada, por habitaciones o los turísticos, que siguen creciendo sin una normativa clara.
En paralelo, el Gobierno ha planteado nuevas medidas fiscales. Entre ellas, destaca la propuesta de aplicar un IVA del 21% a los pisos turísticos, con el objetivo de que tributen como actividad económica. También se contempla un incremento en los impuestos que gravan la vivienda vacía y una modificación en el régimen fiscal de las socimis, que pasarían a tributar al 25% si no destinan parte de su parque a alquileres asequibles. Además, se quiere poner en marcha un nuevo impuesto estatal para gravar la compra de vivienda por parte de extranjeros no residentes, mientras que se ampliarán las bonificaciones en el IRPF —hasta el 100%— para los propietarios que alquilen por debajo del precio de mercado en zonas no tensionadas.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo ha intensificado la vigilancia sobre los alquileres de temporada, imponiendo sanciones que en algunos casos superan los 400.000 euros a propietarios que operan sin la correspondiente licencia.
La situación del mercado sigue mostrando síntomas de agotamiento. En 25 capitales de provincia los precios del alquiler han alcanzado máximos históricos. La oferta sigue a la baja —con un 3% menos de viviendas en alquiler en el primer trimestre del año—, mientras que la demanda no cesa. En este inicio de 2025, el número de personas interesadas por cada piso en alquiler se ha disparado hasta una media de 35 aspirantes por vivienda.
Frente a esta presión, muchos propietarios han optado por sacar sus inmuebles del alquiler permanente para ofrecerlos como alquileres de temporada. Esta modalidad, que escapa a las limitaciones de la LAU y se rige por el Código Civil, ha crecido un 25% interanual en el primer trimestre del año, y ya representa el 14% del total de la oferta de alquiler en el país.
Tras varios intentos fallidos, una nueva proposición de ley para reformar la normativa y equiparar los alquileres de temporada y por habitaciones al régimen del alquiler habitual ha conseguido finalmente avanzar en el Congreso. La propuesta, impulsada por los grupos a la izquierda del PSOE, logró desbloquearse en diciembre de 2024 tras un acuerdo con Junts, y acaba de recibir luz verde en la Mesa de Portavoces del Parlamento. A partir de ahora, continuará su tramitación con la incorporación de enmiendas en el Pleno.
Por último, desde el 2 de enero está en marcha el Registro Único de Arrendamientos de Corta Duración, una base de datos que incluirá tanto los pisos turísticos como los alquileres por temporada y por habitaciones. Esta herramienta, que se complementará con una Ventanilla Única Digital para la gestión e intercambio de información, estará plenamente operativa a partir del próximo 1 de julio.
Mientras tanto, en Baleares, sigue la presión por parte de los socialistas para blindar la nueva oferta de suelo rústico que está previsto que se liberalice, además de la amnistía de las viviendas que estaban por regularizar. Gracias al pacto entre PP y VOX, las zonas rurales serán construibles, siempre y cuando la mitad de estas viviendas se oferten a precios asequibles. El PSOE, por su parte, trabaja para llegar a un acuerdo con el resto de fuerzas parlamentarias en un intento de blindar la nueva vivienda con el fin de que sean residentes y no extranjeros quienes las adquieran y se dediquen al alquiler para residentes y no vacacional, aunque todavía no han tenido éxito. La compra de metro cuadrado en Ibiza sigue superando los 6.000 euros, una cifra que está entre las más altas de toda España y que, por el momento, no muestra signos de descenso.