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Un juzgado ordena a Meta pagar 479 millones a medios españoles por competencia desleal

El fallo concluye que la empresa usó datos personales de usuarios de Facebook e Instagram para su publicidad sin base legal adecuada

Un juzgado ordena a Meta pagar 479 millones a medios españoles por competencia desleal | Foto: Dado Ruvic

| Ibiza |

El Juzgado de lo Mercantil número 15 de Madrid ha condenado a Meta a pagar 479 millones de euros a 87 editoras de prensa digital y agencias de noticias integradas en la AMI, por obtener una ventaja competitiva al hacer publicidad en Facebook e Instagram infringiendo el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

La sentencia, que es recurrible, estima parcialmente la demanda al considerar que Meta utilizó datos personales de usuarios sin una base legal válida para realizar publicidad comportamental. El fallo señala que esta práctica colocó a la prensa digital en una posición de desventaja en el mercado publicitario.

El juez aplica el artículo 15.1 de la Ley de Competencia Desleal, que considera ilícito obtener una ventaja competitiva mediante la infracción de una normativa, en este caso el RGPD. Tras su entrada en vigor, Meta sustituyó el sistema de consentimiento del usuario por la supuesta «necesidad de ejecución del contrato», un fundamento que se consideró ilegal y que ya motivó una sanción en Irlanda en 2022.

La tecnológica no aportó sus cuentas en España. Con los datos proporcionados por las editoras, el magistrado concluye que Meta ingresó más de 5.281 millones de euros en publicidad online en España entre 2018 y 2023. Esa cantidad se considera obtenida vulnerando el RGPD y, por tanto, supone una ventaja competitiva que debe compensarse a los competidores según su cuota de mercado.

El juez utiliza datos de la CNMC para calcular las indemnizaciones y considera acreditado el perjuicio sufrido por la prensa digital, derivado de la pérdida de ingresos frente a la publicidad comportamental de Meta basada en el uso indebido de millones de datos personales.

La resolución podría tener repercusiones en otros países de la Unión Europea, ya que los servicios de Facebook e Instagram operan bajo la misma normativa en todo el territorio comunitario. En Francia ya se tramita una demanda similar.

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