El Congreso de los Diputados ha solicitado al Tribunal Supremo la certificación oficial de la orden de prisión provisional y del auto de procesamiento que afectan al diputado José Luis Ábalos, con el objetivo de iniciar el procedimiento parlamentario para su suspensión.
Esta comunicación llega pocas horas después de que el magistrado Leopoldo Puente, del Supremo, dictase una orden de prisión provisional, comunicada y sin posibilidad de fianza tanto para Ábalos como para su antiguo asesor Koldo García.
Según fuentes parlamentarias, la Presidencia de la Cámara Baja ha remitido un escrito al alto tribunal solicitando la certificación judicial necesaria para dar comienzo al trámite de suspensión de derechos y deberes como diputado. Esta actuación es el paso previo obligatorio, conforme al Reglamento del Congreso, en los supuestos de prisión provisional y procesamiento durante el ejercicio del cargo parlamentario.
Repercusiones inmediatas en el Congreso
Tras confirmarse la orden judicial, la Mesa del Congreso debe valorar la suspensión de Ábalos, que supondría la pérdida temporal de todas sus funciones y prerrogativas parlamentarias. Este proceso busca garantizar la adecuada separación de poderes y el cumplimiento del marco legal vigente para aforados en España.
El mismo auto de prisión, dictado por el juez Leopoldo Puente, afecta también al exasesor de Ábalos, Koldo García, en el contexto de la investigación judicial abierta sobre presuntos delitos relacionados con el ejercicio de sus anteriores responsabilidades públicas.
La solicitud del Congreso al Supremo da inicio a un procedimiento que culminará en la posible suspensión de Ábalos como parlamentario, en línea con lo establecido por la legislación española para los casos de prisión provisional dictada contra diputados en activo. Actualmente, Ábalos sigue ejerciendo como diputado en el Grupo Mixto y percibiendo retribuciones.