La Agencia Tributaria eliminará el límite de 3.000 euros a partir del cual los bancos estaban obligados a informar sobre los cobros con tarjeta de empresarios y autónomos. A partir de 2026, los bancos y las entidades de pago deberán reportar todos los cobros, sin importar su importe, con el objetivo de evitar la pérdida de información relevante, según explica El Economista. Además, la periodicidad de los informes se incrementará. En lugar de hacerlo de forma anual, las entidades enviarán los datos a Hacienda de forma mensual.
Con estas medidas, el fisco contará con más información para asegurarse de que las declaraciones fiscales de los autónomos y empresarios coinciden con sus ventas reales. El objetivo es combatir el fraude fiscal y garantizar que las actividades económicas de los contribuyentes se ajusten a la normativa.
Nuevas obligaciones para los bancos y entidades financieras
A partir de enero de 2026, las entidades financieras tendrán que informar a la Agencia Tributaria sobre los cobros realizados con tarjeta sin importar la cantidad. Esto incluye tanto tarjetas físicas como virtuales, y abarcará operaciones de débito, crédito y dinero electrónico, así como los pagos a través de Bizum, pero únicamente cuando estos sean realizados por empresarios y autónomos. Las operaciones realizadas entre particulares, como los pagos personales a través de Bizum, quedarán excluidas de esta obligación.
La principal novedad es que la información será remitida mensualmente a Hacienda, lo que supone un cambio importante respecto al sistema actual, que solo contempla informes anuales. De este modo, el fisco tendrá acceso a los datos con mayor frecuencia, lo que permitirá un seguimiento más cercano de los cobros realizados por los profesionales.
Impacto en los ciudadanos y empresas
Aunque estas nuevas medidas afectan principalmente a los autónomos y empresarios, los particulares también estarán sujetos a nuevas obligaciones. Los bancos tendrán que enviar a Hacienda, mensualmente, toda la información sobre las cuentas bancarias abiertas por ciudadanos, ya sean cuentas corrientes, de ahorro, de crédito, o de cualquier tipo. Esta información se enviará a Hacienda en febrero de 2026 y abarcará los cobros con tarjeta y las transferencias a través de Bizum realizadas por profesionales.
En cuanto a los movimientos con tarjeta de los particulares, Hacienda recibirá los datos de forma anual. Estos incluyen el total de los abonos, cargos, recargas y retiradas de efectivo, siempre que el volumen total de operaciones supere los 25.000 euros al año. De esta forma, se priorizarán aquellas tarjetas que generen un mayor impacto en el control tributario.
Mayor control y prevención del fraude
Estas nuevas medidas están incluidas en un Real Decreto aprobado el 1 de abril, que modificó el Reglamento de la Inspección Tributaria con el objetivo de mejorar el control sobre los nuevos sistemas de pago electrónicos. Bizum, los pagos con tarjeta y otras formas de pago digital han revolucionado las transacciones, pero también han planteado nuevos retos para la vigilancia fiscal.
La reforma permitirá a Hacienda obtener información más detallada y oportuna sobre las transacciones financieras. A partir de 2026, el fisco podrá realizar un seguimiento más exhaustivo de las actividades económicas de los contribuyentes y detectar con mayor rapidez posibles irregularidades fiscales.
La digitalización
El aumento de los pagos electrónicos ha hecho más complejo el panorama fiscal, pero también ha facilitado que Hacienda disponga de una mayor cantidad de datos. Las tarjetas bancarias, los pagos por Bizum y otros sistemas de pago digital ofrecen una fuente rica de información que puede ser clave para evitar el fraude fiscal. Con las nuevas medidas, la Agencia Tributaria podrá obtener un panorama mucho más completo y actualizado de las operaciones financieras de los contribuyentes.
Así, la reforma no solo tiene como objetivo combatir el fraude, sino también mejorar la transparencia y la eficacia del sistema tributario en un contexto cada vez más digital. Aunque estas medidas implican una mayor carga administrativa para los bancos y entidades de pago, se espera que resulten en una mejora global en la recaudación fiscal y en la reducción de las economías sumergidas.
En resumen, a partir de 2026, los bancos y las entidades financieras deberán reportar mensualmente a Hacienda los movimientos bancarios, tanto de empresarios como de particulares, con el fin de mejorar la supervisión fiscal y evitar el fraude. Esta reforma está orientada a adaptar el sistema tributario a los nuevos tiempos, donde los pagos electrónicos se han consolidado como una forma cada vez más habitual de realizar transacciones.
,,, según leo,, la economía sumergida,,seguirá sobreviviendo sin problema,, y si los informes son mensuales,, ya se pueden ir amarrando los cinturones las empresas y/ o autónomos que hacen caja en verano,, veremos si es buena medida para el particular..