Julio Iglesias ha presentado una demanda de conciliación contra Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, tras los comentarios realizados por la dirigente de Sumar en redes sociales y televisión. El artista responde así a las declaraciones en las que la política le calificó de «abusador sexual» a raíz de las denuncias presentadas por dos extrabajadoras ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, archivadas en enero por falta de competencia.
Los abogados del cantante, encabezados por el penalista José Antonio Choclán, califican de «injuriosas» las manifestaciones de la vicepresidenta. Según adelantó El País, la defensa señala que Díaz atribuyó directamente a Iglesias la condición de «abusador sexual», además de acusarle de mantener empleadas en régimen de «esclavitud» y crear una «estructura de poder basada en la agresión permanente».
La demanda de conciliación constituye un paso previo necesario para presentar posteriormente una querella por calumnias o injurias. En el documento, el artista solicita que la ministra de Trabajo se retracte, reconozca «el daño causado» y le «indemnice con el importe en el que se fijen prudencialmente los daños causados en función de la difusión alcanzada por el comportamiento injurioso y calumnioso».
Fuentes de la defensa de Iglesias confirman que esta es la primera demanda que presentan tras las acusaciones. La estrategia legal se centra inicialmente en las declaraciones de Yolanda Díaz, antes de valorar posibles acciones contra otras personas o medios de comunicación.
Los abogados del artista centran su atención en un mensaje publicado el 13 de enero por Yolanda Díaz en la red social Bluesky. En él, la vicepresidenta escribió: «Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente». La política concluyó el mensaje con: «Gracias a las mujeres valientes y a las periodistas de eldiario.es por denunciarlo».
Las denuncias originales contra el cantante fueron presentadas por dos extrabajadoras ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que finalmente archivó el caso en enero al considerar que carecía de competencia para investigar los hechos. Tras este archivo, Julio Iglesias ha decidido pasar al contraataque mediante acciones legales contra quienes, según su defensa, han dañado su honor y reputación con manifestaciones sin fundamento judicial.