El abogado Víctor Soriano, socio-director de Soriano i Piqueras, despacho con oficinas en Madrid y Valencia y actividad permanente en las Pitiusas, es uno de los penalistas más presentes en la actualidad judicial española: interviene como letrado de la acusación en varios de los procedimientos más seguidos del país y acaba de publicar un libro sobre el caso del fiscal general del Estado. Pero buena parte de su trabajo transcurre lejos de los focos, en un terreno que conoce como pocos: la frontera entre el expediente administrativo y el proceso penal. De hecho, Víctor Soriano es conocido por haber alcanzado acuerdos con la Administración para reducir hasta un 90 % una de las multas más altas impuestas en Ibiza. Urbanismo, alquiler turístico, inspecciones, demoliciones. Hablamos con él de lo que se juegan propietarios y empresas en Ibiza, y de por qué los primeros días de un expediente son los que deciden su final.
Usted dirige un despacho con sedes en Madrid y Valencia. ¿Qué hace un despacho así en Ibiza?
Trabajar, y desde hace tiempo. Ibiza concentra una conflictividad administrativa y urbanística extraordinaria: territorio limitado, presión turística máxima y una administración que sanciona con intensidad creciente. Nosotros venimos de la gran abogacía de los negocios —yo me formé en Gómez-Acebo & Pombo— y fundamos Soriano i Piqueras para hacer ese mismo derecho de máxima calidad en un ámbito muy concreto: el derecho penal, el administrativo sancionador y el urbanismo. Ibiza es, casi por definición, nuestro terreno natural. No venimos a abrir mercado: llevamos años recurriendo sanciones y expedientes en la isla.
Su nombre aparece vinculado a algunos de los casos penales más mediáticos de España, y acaba de publicar un libro sobre el caso del fiscal general. ¿Qué tiene que ver ese mundo con el cliente de a pie?
Todo. La maquinaria procesal es exactamente la misma para un caso de portada que para el propietario de una villa en Santa Eulària: los mismos plazos, las mismas garantías, los mismos errores que se pagan caros. Lo que aprendes litigando ante el Tribunal Supremo —el rigor extremo, el cuidado de cada escrito, la anticipación de la jugada contraria— es lo que aplicas después en un recurso contra una sanción del Consell. Y el libro nace de eso: de la convicción de que los grandes casos enseñan cómo funciona de verdad el sistema. Lo publiqué también en Italia porque el interés por el asunto desbordó nuestras fronteras.
Se define usted como especialista en «derecho penal administrativo». ¿Qué es eso exactamente?
Es la zona de frontera. En España tendemos a pensar que las multas van por un lado y los delitos por otro, y no es así: son dos tramos del mismo camino. Una obra irregular empieza como expediente de disciplina urbanística y, si concurren ciertas circunstancias, se convierte en un delito contra la ordenación del territorio, con posible demolición y responsabilidad penal del promotor y de los técnicos. Un problema fiscal empieza en una inspección y puede acabar en querella. Mi trabajo es ver el expediente completo desde el primer día: defender la sanción pensando en el eventual proceso penal, y defender el proceso penal conociendo el expediente administrativo mejor que nadie. Es una materia tan específica que hemos creado un Observatorio del Derecho Penal Administrativo para estudiarla y divulgarla de forma sistemática.
Vayamos al urbanismo, que en Ibiza es asunto mayor. ¿Cuándo una infracción urbanística deja de ser una multa y pasa a ser un delito?
Simplificando: cuando la obra se ejecuta en suelos especialmente protegidos o cuando es una construcción no autorizable en suelo rústico. Ahí el Código Penal prevé penas de prisión, inhabilitación y, sobre todo, la demolición de lo construido, que es lo que de verdad arruina un patrimonio. Y hay algo que mucha gente ignora: la responsabilidad no se limita a quien puso el dinero. Alcanza a promotores, constructores y técnicos, y quien compra un inmueble con un problema urbanístico puede heredar consecuencias muy serias aunque no construyera nada. En una isla donde el suelo rústico es la joya del mercado, esto no es teoría: es el día a día de los juzgados.
El otro gran frente es el alquiler turístico. Las sanciones se han disparado. ¿Hay algo que hacer cuando llega una?
Siempre hay algo que hacer, y cuanto antes, mejor. Las sanciones en esta materia son de las más elevadas del ordenamiento español y, precisamente por la presión inspectora, los expedientes se tramitan a gran velocidad: eso genera con frecuencia defectos de procedimiento, problemas de prueba y cuestiones de proporcionalidad que un abogado especializado sabe identificar y hacer valer. No le diré que todo se gana, porque quien promete resultados en derecho no es serio. Le diré algo más útil: la diferencia entre un expediente bien defendido desde la primera notificación y uno que llega al despacho con los plazos consumidos es, muchas veces, la diferencia entre una solución razonable y una sanción firme. Y en algunos supuestos —documentación irregular, publicidad engañosa, estructuras societarias— el asunto puede adquirir además dimensión penal, lo que exige llevarlo con esa perspectiva desde el inicio.
Ibiza atrae a muchos compradores extranjeros de alto nivel. ¿Qué riesgos asumen sin saberlo?
Más de los que imaginan. El comprador internacional suele revisar la parte civil de la operación —cargas, título, contrato— y descuida la administrativa: expedientes de disciplina en curso, órdenes de demolición, obras sin legalizar, limitaciones de uso turístico. Todo eso viaja con la finca. Nuestro trabajo en la isla incluye precisamente la revisión urbanística y administrativa previa a la compra: saber qué se está comprando de verdad antes de firmar. Es la póliza de seguro más barata que existe en el mercado inmobiliario ibicenco.
Pongámonos en el peor escenario: un lector recibe hoy una inspección o una notificación del Consell o del ayuntamiento. ¿Qué debe hacer y qué no debe hacer?
Tres cosas que hacer: leer con calma qué se le notifica exactamente y qué plazo tiene, porque los plazos en esta materia son cortos y fatales; conservar y ordenar toda la documentación —licencias, facturas, contratos, fotografías—; y asesorarse antes de contestar nada, porque el primer escrito condiciona todo el expediente. Y tres cosas que no hacer: no ignorar la notificación esperando que se olvide, porque no se olvida; no firmar actas ni hacer declaraciones espontáneas ante la inspección sin asistencia, porque todo lo que se dice queda incorporado al expediente; y no «arreglar» nada por la vía de hecho —derribos parciales, cambios apresurados— sin criterio jurídico, porque a veces empeora la posición. En derecho sancionador, los primeros diez días valen más que los dos años siguientes.
Además de litigar, usted escribe, dirige una publicación jurídica y un observatorio. ¿De dónde sale esa vocación divulgativa?
De una convicción: el derecho sancionador es el ámbito donde el ciudadano está más solo frente al poder público, y la mejor defensa empieza por entender las reglas del juego. Por eso mantenemos Ágora Legal y el Observatorio, y por eso escribo. Y hay una razón menos confesable: escribir obliga a estudiar. Un abogado que publica es un abogado que no puede permitirse improvisar.
Para terminar: ¿qué le espera a Ibiza en los próximos años en este terreno?
Más presión, no menos. La tendencia regulatoria en Baleares es clara: más inspección, sanciones más altas y tolerancia decreciente con la irregularidad, y a eso se suma una jurisdicción penal cada vez más activa en urbanismo y medio ambiente. Mi mensaje a propietarios y empresas es que la estrategia del avestruz ha muerto: hoy la única defensa eficaz es anticiparse —regularizar lo regularizable, documentar, revisar antes de comprar— y, cuando llega el expediente, tomárselo en serio desde el minuto uno. Nosotros estaremos aquí para eso.