Las cifras, a la baja, en el número de deshaucios y desalojos en Balears durante el pasado año –con descensos del 8 y el 28 por ciento, respectivamente– deberían ser, en principio, un signo más de la recuperación económica. El ansiado fin de la crisis es probable que tenga su efecto, aunque sea parcial, en la caída de las consecuencias del impago de las hipotecas o de los alquileres. Sin embargo, no es posible hacer un análisis optimista de los datos estadísticos ya que el retroceso en los procedimientos judiciales, que se reflejan en los últimos cuatro ejercicios, también puede tener mucho que ver en una circunstancia preocupante; el fin de las posibilidades de seguir atacando un parque inmobiliario en el que la recesión se ha cebado con furia desde 2008.
Los desalojos, el drama. Aunque el de los lanzamientos es el apartado que ha tenido el descenso más importante, un 28 por ciento, el dato en términos absolutos es preocupante: 2.210 inmuebles han sido desalojadas en 2014. Tantos como dramas personales y familiares que se han vivido cuando se ejecuta la orden judicial de desalojo de una vivienda o un comercio. En comparación con años atrás no cabe duda que la situación ha mejorado, gracias a la presión ciudadana organizada que ha logrado reconducir las situaciones más sangrantes, además de obligar a un replanteamiento de las estrategias de las entidades financieras para hacer frente a los impagos. Conviene recordar que la dación en pago es una fórmula a la que los bancos se acogen de manera voluntaria.
Cifras alarmantes. La suma de los procedimientos de desahucios y los lanzamientos alcanza los 3.964 asuntos, un dato que refleja la magnitud del problema que persiste en el conjunto de la sociedad española, reflejo de una crisis interminable a pesar de los esfuerzos del Gobierno por dar a conocer los destellos de una recuperación que se resiste a traducirse en una mejora sustancial del empleo.