Es una norma no escrita otorgar cien días de margen a los equipos que se incorporan a la gestión institucional, un tiempo que se considera suficiente para que los nuevos responsables puedan orientar su política y comenzar a adoptar las primeras decisiones de calado. Del mismo modo, ahora que quedan los mismos cien días para que finalice la legislatura, con la celebración de las próximas elecciones autonómicas, es el momento propicio para analizar la gestión del Govern que preside José Ramón Bauzá y que llegó al poder con el apoyo de una holgada mayoría del electorado balear.
Malestar. Los recortes sociales y el anuncio de cierre de hospitales provocaron gran malestar. Pero no han sido los únicos asuntos que han suscitado crispación. De forma innecesaria, el Govern ha mostrado una obsesión por generar tensión. La Ley de Símbolos que aprobó de manera apresurada podría ser un buen ejemplo de ello; un texto legal –inútil desde el primer momento– concebido sólo para poder sancionar a quienes expresaban su apoyo a la lengua catalana; idioma cooficial de Balears. De un modo deliberado, Bauzá y sus consellers se han obsesionado en dictar las normas –el caso del modelo de trilingüismo escolar podría ser un caso paradigmático– huyendo del pacto o el consenso. La estrategia no parece que haya dado los resultados esperados.
Luces y sombras. En el balance de la gestión gubernamental hay, sin duda, algunos aspectos positivos que merecen ser tenidos en cuenta. El más importante es la reestructuración de la Administración autonómica, sobredimensionada de manera injustificada, al que se podría añadir la creación de marcos jurídicos que propician la inversión, aunque sólo en el poderoso sector hotelero. En el haber del Govern podría situarse el descenso en las cifras del paro. Sin embargo, una inexistente política de comunicación ha privado a los ciudadanos de conocer las razones últimas del Govern en la toma de sus decisiones, incluso de las más polémicas. Rectificar ahora se antoja un ejercicio inútil.