El próximo inicio del curso político vendrá marcado, al menos ésas parece que son las intenciones del Govern, por las reivindicaciones de Balears ante la Administración central. En los primeros días de septiembre está previsto el encuentro de la presidenta Armengol en la Moncloa con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Ayer, el titular de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, Joan Boned, solicitaba un encuentro con la ministra de Fomento, Ana Pastor, para plantear varios asuntos cruciales para las Islas: el cobro del nuevo impuesto turístico en los puertos y aeropuertos, la implantación de la tarifa plana en los vuelos interislas y la participación del Govern en la gestión de los tres aeropuertos de Balears.
Año electoral. La complicidad del Gobierno en algunos de los proyectos más emblemáticos del Govern que preside Francina Armengol facilitaría, sin duda, su materialización. Sin embargo, la realidad política no favorece el entendimiento –la divergencia ideológica entre Palma y Madrid es más que evidente–. Además, hay un factor que entorpece todavía más el desbloqueo de las reivindicaciones de Balears: la inminente convocatoria de las elecciones generales. Hace meses que la gestión del Gobierno que preside Rajoy ha entrado en una fase de provisionalidad innegable, escenario que de ningún modo favorece lograr las respuestas y soluciones que reclaman los problemas de las Islas.
Gestos importantes. La posición del Govern adquirirá su trascendencia en el mismo momento que permanezca invariable con independencia de un cambio en el Gobierno tras los comicios, las importantes necesidades de Balears –desde su pésima financiación estatal a los desorbitados precios de los vuelos interinsulares, por citar dos ejemplos destacados– no pueden quedar condicionadas a la disciplina institucional que se impone en función de la correlación de fuerzas entre el Consolat de la Mar y la Moncloa.