La denuncia del sindicato Comisiones Obreras sobre la supresión de 1.500 puestos de trabajo en la sanidad pública balear durante los últimos años, aunque las partidas destinadas a la financiación de este servicio básico no han dejado de crecer, plantea numerosas incógnitas respecto a cómo se gestionan los recursos que la Administración pone a disposición de los ciudadanos. El aumento del gasto sanitario no se percibe por parte de los usuarios, principales víctimas de los recortes que se han traducido en más saturación y listas de espera. El colectivo de profesionales también ha salido perjudicado ya que la misma o mayor carga asistencial se reparte entre menos trabajadores.
Dilemas peligrosos. Aplicar los criterios economicistas en áreas tan sensibles como la sanidad siempre es un terreno complicado, plantea severas contradicciones que los políticos con frecuencia resuelven con fórmulas de réditos inmediatos. Los recortes aplicados durante la pasada legislatura en el campo de la sanidad no tuvieron el efecto deseado –el presupuesto siguió creciendo–, pero generaron una palpable pérdida de calidad en la atención. La reducción en el horario de los centros de salud, por citar un ejemplo, acabó con la saturación de los servicios de urgencia en los PAC o en los hospitales que, a su vez, contaban con menos personal. Un circuito infernal del que los pacientes son los principales afectados.
Establecer prioridades. Los ciudadanos tiene marcadas unas prioridades como demandas de servicio público: sanidad, educación y asistencia social. Pretender aplicar exigencias de rendimiento económico en estos terrenos es un error grave, sin perder de vista la exigencia de una máxima eficiencia. Los tijeretazos siguen pendientes en estrategias que los políticos defienden con fines electoralistas. La contención en la obra pública, en la subvención indiscriminada, en el boato innecesario siguen siendo la gran asignatura por aprobar en la gestión pública balear. La sanidad mejor no tocarla.