El Govern decidió ayer dar un golpe de efecto ante el contínuo desaire del Gobierno central, que retrasa de manera delibera la comisión bilateral mixta en la que se deben abordar cuestiones tan básicas como Balears como la ejecución y financiación de los convenios y las inversiones estatutarias. A pesar de las reiteradas promesas del presidente del Gobierno y del titular del Ministerio de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro, respectivamente, al Consolat de la Mar no llega ninguna cita mientras la legislatura se consume. El Govern está dispuesto a plantear una reclamación judicial contra el Estado por el incumplimiento de sus compromisos con la Administración autonómica.
Ninguneo gubernamental. La indignación del Govern está más que justificada. Es inaceptable que el presidente del Gobierno y el ministro del ramo falten a su palabra con los dirigentes autonómicos de Balears, y más en una cuestión tan delicada como las que afectan a aspectos básicos para la prestación de servicios públicos a los ciudadanos de las Islas. Aunque no pueda entenderse como una sorpresa, ha sido una constante de todos los gobiernos centrales con independencia de su color político, la negativa a querer convocar la comisión bilateral mixta Estado-Balears reitera la sensación de que para Madrid nuestra autonomía apenas se tiene en cuenta.
Un gesto político. El anuncio del Govern es un gesto político que debe mantenerse con independencia de los resultados y consecuencias del próximo 20-D, el trato dispensado a Canarias –al que el Gobierno ha ofrecido generosas compensaciones– es una clara discriminación no sólo para las instituciones de la Comunitat Autònoma sino también para los ciudadanos. Es inevitable reiterar que las Islas es una de las regiones que más y mejor contribuye a la financiación global del Estado y que nada la hace merecedora de este agravio sostenido durante décadas.