La ronda de contactos con los portavoces parlamentarios que ha mantenido Felipe VI ha confirmado la convocatoria de unas nuevas elecciones, previstas para el próximo 26 de junio, ante la falta de acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas para presentar un candidato que alcance la mayoría suficiente para poder formar Gobierno. Se trata de un fracaso histórico, sin precedentes en el actual régimen democrático español, ante el que es una incógnita cómo responderá el electorado ante una nueva cita con las urnas en poco más de seis meses. La situación generada es la consecuencia de la incapacidad de la clase política actual de anteponer los intereses generales –había unanimidad en el rechazo a la celebración de otros comicios–, tanto por razones partidistas como personales.
Resultados endiablados. Los líderes de las principales formaciones –la responsabilidad es colectiva– no han sabido dar respuesta a los resultados que arrojaron las elecciones del pasado 20 de diciembre. La obtención de las mayorías, tanto por la derecha como por la izquierda, obligaba a alianzas con importantes dosis de generosidad y consenso. Ninguno de los protagonistas ha querido dar su brazo a torcer durante todos estos meses, período en el que los contactos han dado la impresión de no superar la fase de simple escenificación, si se exceptúa el pacto entre el PSOE y Ciudadanos, cuya suma de votos tampoco resolvía el problema. Las encuestas no aventuran cambios sustanciales en las votaciones del 26-J.
Cambio de actitud. Las divergencias personales, llevadas al extremo, han condicionado en buena medida el actual escenario. Rajoy, Rivera, Sánchez e Iglesias se han erigido en símbolos de la intransigencia. Las ya inevitables elecciones de junio, a tenor del resultado final de las consultas del Rey, deben ser un punto de partida que permita poner fin a la interinidad del Gobierno español para poder empezar a trabajar en la solución de los problemas que acucian a los ciudadanos.