La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, fue suspendida el jueves de su cargo por el Senado durante los próximos seis meses para someterla a un juicio político, decisión adoptada en base a unas irregularidades fiscales cometidas por el Gobierno durante los ejercicios de 2014 y 2015. El vicepresidente Michel Temer asume las funciones de máximo dirigente del país y tendrá que afrontar en las próximas semanas la organización de los Juegos Olímpicos.
Economía y corrupción. Rousseff criticó con dureza el proceso en el cual se encuentra inmersa, el cual considera que carece de fundamento. Con independencia de las circunstancias políticas que rodean su salida forzada de la presidencia del país, durante los últimos años se ha acentuado el declive económico de Brasil después de un período de gran expansión. La corrupción se ha convertido en un mal endémico que no se ha logrado erradicar en la clase política brasileña, una dinámica que ha acabado arrastrando al conjunto de la gestión gubernamental. El ansiado despegue de Brasil, a remolque de acontecimientos como el pasado Mundial de Fútbol y las próximas Olimpiadas, ha resultado fallido.
Consecuencias políticas. Brasil es un país clave para la estabilidad de Latinoamérica, tanto por su población como por su capacidad económica. Muchas empresas europeas y norteamericanas tienen allí sus centros de producción. Por tanto, la incertidumbre política que genera la salida de Dilma Rousseff rebasa las fronteras del país y conforma una escenario diferente de consecuencias internacionales todavía impredecibles. La ya expresidenta tiene un importante apoyo popular. Su candidatura recibió el respaldo de 54 millones de electores en los comicios de 2014. Se abre a partir de ahora un período en el que Brasil estará en la primera línea del escaparate mediático como consecuencia de los Juegos Olímpicos, un evento de la máxima trascendencia que vendrá marcada por la provisionalidad de sus mandatarios.