La legislatura de 2003 a 2007 en la que Jaume Matas gobernó Balears con una cómoda mayoría absoluta es un claro ejemplo de la sinrazón, una actitud que los ciudadanos de las Islas pagarán todavía durante décadas y que sólo durante este año suponen 150 millones de euros. Invertir y mejorar las infraestructuras públicas son una constante en la gestión pública, pero lo ocurrido en aquella etapa rebasa la capacidad de asombro respecto a las costas de dilapidación alcanzada en proyectos innecesarios o mal ejecutados, incluso sólo para satisfacer intereses espúreos que han originado una ristra interminable de causas penales que tienen, entre otros, como uno de sus principales protagonistas el propio expresident Matas.
Irresponsabilidad y corrupción. La inversión pública es, sin duda, un importante motor económico, pero el uso que el Govern hizo durante aquel cuatrienio se ha convertido en una lista de despropósitos. Un metro de Palma con una demanda inexistente, el velódromo del Palma Arena pagado a un precio desorbitado y un soterramiento de las vías del tren que se concluyó con un presupuesto desbocado son tres ejemplos de la nefasta gestión pública y de la que el expresident Matas se vanagloriaba. Con el tiempo, y gracias a la investigación judicial, se han podido explicar lo elevado de algunos costes.
Sin rigor y la desmesura. La gestión de Matas en las grandes iniciativas que puso en marcha ha acabado siendo paradigmática. Sigue bajo sospecha la elección del solar de Son Espases para edificar el nuevo hospital de referencia –en un solar inadecuado que arrasó un yacimiento arqueológico y generó la protesta vecinal–, además de, ha sido una constante, el amplio desvío presupuestario al alza de otras infraestructuras como el nuevo dique del Port de Ciutadella o el hospital de Can Misses. Falta de rigor en la gestión y una desmesura inabarcable que esta y la siguiente generación de baleares tendrá que seguir pagando.