Los datos que arroja la balanza fiscal evidencian el abuso que padecen los ciudadanos y las empresas de Balears por parte del Gobierno central. Sólo en el año 2013, en plena crisis, Balears aportó 1.511 millones para financiar al Estado y a muchas de sus autonomías. Los datos de este año no son una excepción, sino la regla de las últimas décadas. Esta realidad asfixia a nuestra Comunitat, que está endeudada en extremo, y la obliga incluso a crear impuestos y aumentar la presión fiscal para garantizar los servicios básicos.
La que más aporta. Balears es la región que proporcionalmente más aporta a las arcas del Estado, después de Madrid. Sin embargo, la pujanza de la comunidad donde se encuentra la capital tiene mucho de ficción: el grueso de las grandes empresas que operan en España tributa allí, donde además está enclavada la parte más significativa de la Administración del Estado. Por contra, el Archipiélago avanza con sus propias fuerzas, mal dotado, no pudiendo acometer a menudo inversiones imprescindibles. Un sólo dato: la Comunitat arrastra una deuda de 5.300 millones con el Gobierno central, más otra de 8.400 con los bancos. ¿Se le puede exigir una ‘solidaridad' de 1.500 millones anuales para financiar a otras regiones, cuando a duras penas puede pagar su propia deuda?
Frustración. Los ciudadanos y las empresas de Balears son los que más esfuerzos realizan para sostener un Estado cuya política da muestras de agotamiento y cuyas estructuras permanecen encorsetadas por una Constitución que necesita una revisión a fondo, incapaz de dar respuesta a los retos actuales. De esta falta de renovación se desprenden situaciones discriminatorias hacia las regiones más dinámicas y productivas. En el caso de Catalunya, el rechazo se manifiesta en forma de ruptura con el Estado. En Balears, crece una frustración que viene de lejos porque toda la comprensión y todas las promesas de los líderes de PP y PSOE en tiempo de elecciones quedan después en pura palabrería. En nada.