En plena polémica social y política sobre la masiva presencia de visitantes en Balears este año, este largo fin de semana –desde el viernes hasta el martes– los aeropuertos de Balears vuelven a ofrecer cifras de récord. Un total de 1.169.804 pasajeros pasarán por los aeropuertos de las Islas, de los que 757.065 corresponden a las instalaciones de Son Sant Joan. Esta es, sin duda, una temporada excepcional provocada por una coyuntura derivada de la inestabilidad política y la amenaza terrorista en buena parte de los destinos turísticos que son competidores directos en el Mediterráneo. Las infraestructuras públicas y los recursos naturales se están poniendo a prueba este verano, un estrés que genera unos costes a los que hacen frente en solitario las instituciones de las Islas y sus ciudadanos; una dinámica endiablada que es indispensable corregir.
La insolidaridad estatal. Dejando al margen las posturas más insensatas y radicales sobre la situación que vive Balears durante esta temporada, lo cierto es que no se puede dejar al margen el monopolio recaudador que ejerce el Estado sobre las grandes ‘puertas' de un territorio insular como el nuestro: los puertos y aeropuertos. Especialmente en los aeropuertos la opinión de los representantes institucionales de las Islas no sólo no es tenida en cuenta, tampoco es escuchada. Ni voz ni voto. Las arcas estatales ingresan cantidades fabulosas de euros por medio de tasas sin que en sus centros de gestión figure un sólo representante político de los intereses de los residentes. ¿Qué garantías hay de reversión de esta millonaria recaudación? Ninguna.
Falta corresponsabilidad. Balears no está en condiciones, y menos con el actual sistema de financiación, de mejorar como debería sus infraestructuras de carreteras, depuración de aguas, tratamiento de residuos, suministro de agua potable, ... para dar un correcto servicio a todos estos millones de turistas que se acercan a Balears de manera indefinida. Es urgente implicar al Estado en las soluciones.