El Govern anuncia una campaña de control sobre las operaciones de compraventa de las viviendas de protección oficial, además de trabajar en una ampliación de las restricciones actuales hasta los 30 años. Las medidas son lógicas. La especulación inmobiliaria de los años previos a la crisis ha generado una situación que no puede seguir prolongándose. Viviendas obtenidas en unas condiciones muy ventajosas, gracias a las ayudas públicas, han generado importantes plusvalías a sus propietarios sin que la Comunitat Autònoma haya obtenido ningún beneficio. Es necesario poner freno a esta picaresca de la que son los contribuyentes sus principales perjudicados.
Cumplir las condiciones. La falta de control y la desidia de los gestores públicos han propiciado este clima de impunidad que envuelve el mercado de las VPO, adquiridas con un precio tasado y con algunas ventajas fiscales. Sus destinatarios, en principio, fueron personas con recursos limitados o con unas necesidades específicas. Sin embargo, con los años y ante un incremento de la demanda, el mercado de segunda mano acaba absorbiendo buena parte de este parque residencial al margen del Govern. Es preciso poner coto a esta situación con urgencia con una normativa clara. Las VPO no pueden continuar siendo un foco de especulación inmobiliaria.
Devolver las ayudas. Desde el Govern todavía no se han definido las normas que se quieren imponer en la nueva ley que impulsa la Conselleria de Territori, al frente de la cual figura Marc Pons. Otras comunidades ya han abordado la problemática exigiendo la devolución del importe de las ayudas recibidas en caso de compraventa entre particulares o planteando la devolución a la Administración también a un precio tasado, siempre que sea antes de cumplirse el plazo de su liberalización, que, en la actualidad, es de 10 años y que quiere ampliarse a 30. Parece lo más sensato si no se quiere desvirtuar el objetivo de las VPO.