La desginación de un Síndic de Greuges una una de las asginaturas pendientes para completar el entramado institucional de Balears, una institución clave en la defensa de los intereses de los ciudadanos y el control de la Administración, en este caso de la autonómica. Desde 1993 –han tanscurrido, por tanto, 23 años– no ha sido posible concitar en el seno del Parlament el consenso necesaria para encontrar a la persona que ponga en marcha este organismo, prueba clara de la falta de voluntad política de los responsables institucionales. Esta legislatura, cuando ha trascendido que el juez Pedro Barceló podría ser un candidato con muchas opciones, tiene en la puesta en marcha del Síndic de Greuges uno de sus principales compromisos.
Negociación discreta. Aunque todos los contactos se están realizando con la máxima discreción, los cierto es que las formaciones que integran el Pacte y dan su apoyo al Govern que preside Francina Armengol están dispuestas a resolver la grave carencia que ha supuesto, durante más de dos décadas, la materialización del Síndic de Greuges. El ombudsman o Defensor del Pueblo balear debe ser el garante de los derechos ciudadanos, el cortafuego de los abusos de la Administración, el amparo de los discriminados de manera injusta en nuestra Comunitat. De momento ya hay un nombre sobre la mesa, el del juez Pedro Barceló.
Aval democrático. Disponer de un Síndic de Greuges con una operatividad garantizada ofrecería un plus de democracia y transparencia a nuestra Comunitat Autònoma, uno de los anhelos expresados de manera reiterada por los principales dirigentes de las formaciones que integran el Pacte. Queda por delante una más que probable compleja negociación para alcanzar los acuerdos necesarios con la oposición –Partido Popular, Ciudadanos y Proposta per les Illes– para poder cerrar el amplísimo acuerdo parlamentario que se precisa para designar al primer Síndic y acabar con tantos años de interesado retraso.