El acuerdo de investidura entre el Partido Popular y Ciudadanos ha entrado en la recta final, ambas formaciones reconocen importantes avances en la negociación –ayer se desbloquearon algunos aspectos de importante trascendencia económica– cuando se está a apenas tres días del inicio del debate. Todo indica que el pacto quedará en manos de la decisión de los estrategas de la comunicación para diseñar la puesta en escena, la firma del documento que garantizará los apoyos de 170 diputados –añadiendo el de Coalición Canaria– a Mariano Rajoy. Sin embargo, la constitución del futuro Gobierno sigue estando en el aire.
La presión sobre Sánchez. El discurso de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría es inequívoco. La alianza del PP y Ciudadanos se quiere plantear como la palanca que logre flexibilizar la postura que defiende el PSOE, cuyo secretario general, Pedro Sánchez, insiste en negarse a facilitar –serían suficientes media docena de abstenciones en la bancada socialista– la permanencia de Rajoy como inquilino del palacio de la Moncloa. La gran incógnita, por tanto, que es resolver la interinidad del Gobierno–abierta desde diciembre del pasado año– sigue sin resolverse. Mientras, y este es el gran peligro, crece el hastío entre los ciudadanos ante la incapacidad de la clase política por resolver la situación.
Situación insólita. El interminable período de interinidad institucional en el que se encuentra la política estatal no tiene precedentes, no sólo en nuestro país. Ninguno de los países relevantes de la Unión Europea se ha mantenido durante tantos meses en la actual provisionalidad en el que se encuentra España, una situación que le margina de los foros de decisión internacional más trascendentes. El próximo martes dará comienzo el debate de investidura de Mariano Rajoy, pero con la incertidumbre de su resultado final. Otro episodio que pondrá a prueba la paciencia de los ciudadanos.