Mediante una enmienda del PSIB al proyecto de ley de Presupuestos de la Comunitat Autònoma para 2017, el Govern –la Conselleria d'Economia– quedría habilitada para recuperar los remanentes presupuestarios del Parlament, que en la actualidad alcanzan los 9 millones de euros. La cifra es golosa, más cuando la capacidad financiera de nuestra autonomía está más que limitada. La búsqueda de recursos acaba siendo una tarea obsesiva para el departamento responsable de las cuentas públicas, que ha visto en la caja del Parlament una liquidez de caja más que suculenta y con la que se puede atender más de una atención social urgente para los ciudadanos.
Imponer prioridades. La propuesta socialista es razonable, por cuanto se entiende que los 9 millones de euros acumulados por el Parlament proceden de una financiación extra del Govern durante anteriores ejercicios. Entonces es preciso explicar qué ha motivado la existencia del remanente. En este sentido es lógica la prevención de los actuales gestores del Parlament, que interpretan la enmienda como un intento de intervención gubernamental que lesiona su independencia política y jerárquica respecto del Govern. En esta interpretación nada argumenta para justificar la acumulación inactiva de fondos públicos en las cuentas del legislativo balear.
Reactivar inversiones. Lo más llamativo de esta situación son los modos con los que se está actuando, claro reflejo de la tensión institucional que se está viviendo entre el Govern y el Parlament; en concreto con su presidenta, Xelo Huertas. Lo razonable para desencallar este conflicto, que está pendiente todavía de la tramitación de la enmienda formulada desde el Grupo Socialista, es esperar a que el Parlament ejecute los proyectos de inversión previstos con estos fondos –la Cámara tiene algunos servicios que están obsoletos– y que el monto excedente revierta a la caja de la Comunitat Autònoma y se ponga al servicio de los ciudadanos.