La previsión presupuestaria que en materia de sanciones turísticas realiza el Govern, que eleva hasta los 7 millones de euros la recaudación, es un claro reflejo de la voluntad política de la Conselleria de Turisme de perseguir la oferta ilegal, tanto en los establecimientos hoteleros como la que se enmarca dentro de los alojamientos vacacionales. Multiplicar por diez los ingresos por multas con respecto a este ejercicio no puede quedar como un simple ejercicio de equilibrio contable. La materialización de un objetivo tan ambicioso como el que se plantea requiere una amplia dotación de medios técnicos y de inspección de los que ahora se carece; una premisa imprescindible para que se le dé la solvencia necesaria a esta iniciativa.
Un problema complejo. La enorme demanda de Balears como destino turístico, con un crecimiento espectacular debido a la inestabilidad política de nuestros principales competidores en el Mediterráneo, hace sospechar el florecimiento de una importante bolsa de alojamiento –hotelero y extrahotelero– que quedará fuera de la normativa. En este sentido, la campaña de la Conselleria de Turisme –que incluye también una fuerte subida en el importe de las sanciones– parece más necesaria que nunca. El buen cartel de Balears en los mercados internacionales no puede quedar en entredicho por empresarios –y particulares– sin escrúpulos, dispuestos a comercializar habitaciones o viviendas sin las condiciones mínimas de habitabilidad.
Atemorizar la oferta. No obstante, también da la impresión que Turisme trata de generar un clima de incertidumbre en el campo de las viviendas vacacionales, cuya regulación todavía está pendiente de que sea presentada por la propia Conselleria. Hasta entonces, todo este segmento de la oferta de alojamiento turístico queda inmerso en un limbo legal –al colisionar con la Ley de Arrendamientos Urbanos– de incierto futuro. Esta debe ser la primera urgencia por resolver.