Las medidas de seguridad que se activarán en las principales ciudades españolas durante los próximos eventos festivos, en los que se prevén grandes aglomeraciones de personas, entran dentro de la lógica prevención y cautela. El terrorismo yihadista ha golpeado con dureza ciudades como París, Bruselas, Niza y Berlín, entre otras, con todo tipo de ataques, siempre indiscriminados y con un elevado número de víctimas. En este contexto, la aplicación de protocolos que traten de garantizar la seguridad de los asistentes a fiestas y desfiles deben ser una prioridad para los responsables de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Máxima alerta. El hecho de que, en esta reciente oleada, España no figure como uno de los países en los que los grupos yihadistas ha logrado perpetrar acciones violentas dice mucho de la eficacia de la labor preventiva de los cuerpos policiales, pero ello no es óbice para que no haya que extremar la vigilancia y el control. En estos momentos sería un error caer en el alarmismo. La acción coordinada de los organismos implicados es una medida que debe transmitir confianza a los ciudadanos. Darle la espalda a la realidad sería una temeridad imperdonable teniendo en cuenta los precedentes existentes, incluso admitiendo que la seguridad completa frente a un ataque yihadista no existe.
Asumir los riesgos. No cabe duda de que la aplicación de las barreras y el incremento de la presencia policial en las calles pueden generar cierto clima de inquietud, pero es un precio bajo a pagar frente a los eventuales beneficios a obtener. Los países occidentales y sus ciudadanos deben acabar asumiendo como un riesgo más la presencia de grupos e individuos radicalizados y capaces de llevar a cabo las acciones más brutales para proclamar sus postulados. La mejor defensa para la neutralización de las amenazas es la información y la acción policial coordinada y en todo intentar disuadir a sus protagonistas.