El último episodio de Podemos ha culminado con la disolución de la Comisión de Garantías, el órgano que, precisamente, debería ser el más escrupuloso en el cumplimiento de las exigencias éticas de la formación morada. Uno de sus vocales, Joan Canyelles, ofreció algún tipo de contrapartida laboral a una militante crítica, Carmen Azpelicueta, a cambio de su silencio. La conversación, grabada, ha sido filtrada a los medios de comunicación con el consiguiente escándalo. Los hechos se remontan a julio de 2015, apenas unas semanas después de que la nueva formación política estrenase su entrada en las principales instituciones de las Islas.
Decepción ciudadana. Podemos se está mostrando como un partido incapaz de asimilar el indudable éxito electoral que le acompañaba desde las elecciones al Parlamento Europeo de 2014, con una militancia de aluvión incapaz de superar sus recelos internos. Sólo en este contexto se entiende una grabación como la que ha trascendido, en la que se evidencia un deplorable mercadeo en la propuesta de Canyelles a Azpelicueta. ¿Realmente desconocía la cúpula de Podemos los manejos de su Comisión de Garantías? Ciertamente, el nuevo escándalo representa un duro golpe y decepciona a los ciudadanos que creyeron en una ‘nueva política' alumbrada en las calles y plazas del 15-M.
Recelos justificados. Podemos está dejando de ser un partido fresco, transparente e innovador a una velocidad insospechada. Con todos estos precedentes, los recelos que provoca en sus socios están más que justificados y, en buena lógica, deberían ser asumidos desde la propia formación. Con todos estos precedentes, el colectivo que dirige Alberto Jarabo no puede gestionar, en este clima de manifiesta inestabilidad, la sustitución de Xelo Huertas al frente del Parlament y debe dejar que la presidencia la ejerza un diputado del PSIB o de Més. Las instituciones no pueden quedar a merced de las luchas intestinas de un partido.