El anteproyecto de ley de Urbanismo que saca adelante el Govern supone un blindaje para la protección del territorio al establecer que no tengan que pagarse indemnizaciones por las zonas que se protejan. Se trata de una cuestión que levantó ampollas hace unas décadas, con numerosas demandas a los tribunales. Finalmente se afianzó la doctrina de que se debían pagar a los promotores los gastos de proyectos, pero no el lucro cesante por la expectativa de negocio perdido. Sin embargo, hace falta una regulación legal más pormenorizada, que especifique cuando se causan o no se causan daños a la iniciativa privada. Y siempre pensando en que el interés general está por encima de cualquier otra consideración.
Justa protección. La defensa del territorio balear motivó hace años importantes protestas ecologistas. Con los años, cada vez ha sido más difícil el consumo de territorio en zonas emblemáticas, como puede ser el caso de Benirràs, en el municipio de Sant Joan. Esta futura norma debe tener muy en cuenta que no se pueden despreciar las futuras iniciativas urbanísticas que, con absoluto respeto al medio ambiente, surjan en el futuro. Un «no» cerrado a cualquier proyecto puede ser incluso contraproducente. Es necesario el equilibrio desde la óptica de la preservación.
El final de la especulación. En los años ochenta se vivieron situaciones como la de promotores que conseguían un permiso inicial municipal para una urbanización y seguían adelante conscientes de que al final sería paralizado por las instancias superiores. Buscaban la indemnización. Esta práctica parece que se ha acabado. Pero es preciso respetar, en principio, los proyectos coherentes y bien estructurados y estudiarlos a fondo. Demasiado proteccionismo a ultranza puede cosechar fracasos, incluso ante los tribunales. Lo importante es acabar con la especulación. Pero no con el urbanismo serio.