Una notable mayoría de los ciudadanos de las Islas –más del 57 por ciento en Mallorca– apoya el alquiler turístico. La encuesta, realizada por la Universitat de les Illes Balears por encargo de la Conselleria de Turisme, ofrece una completa radiografía del impacto y de las sensaciones que genera esta modalidad de alquiler. La encuesta se publica en plena polémica por la nueva regulación del Govern, pendiente de su tramitación parlamentaria. Esta fórmula de oferta de alojamiento turístico, con un crecimiento exponencial en los últimos años, genera importantes beneficios económicos y sociales, pero no exentos de unas consecuencias negativas que también quedan reflejadas en el estudio demoscópico.
Matizar las críticas. Las conclusiones del trabajo elaborado por la UIB matizan muchas críticas contra el alquiler turístico, en especial las de aquellos colectivos y partidos que se obstinan en demonizar una actividad que supone un complemento en las rentas familiares –en especial, durante estos años de crisis–, además de revitalizar barrios de Palma y amplias zonas del interior de Mallorca. Son muchas las empresas que crecen al amparo del alquiler turístico ofreciendo sus servicios, una actividad que también genera numerosos puestos de trabajo. Así lo perciben buena parte de los ciudadanos de las Islas, aunque ello no signifique abandonar la exigencia de la regulación de una actividad cada vez más extendida.
Regular, no prohibir. A la vista de la propuesta aprobada por el Govern y las respuestas de algunos municipios, en el que Palma sería el caso más extremo, resulta evidente que la ciudadanía se decanta por poner orden en esta oferta alternativa de alojamiento. Ve necesario establecer un marco jurídico eficaz, pero en ningún caso apoya su prohibición radical, como defienden determinados grupos. La masificación, la gentrificación, los problemas de convivencia, las infraviviendas... son los efectos indeseables que se deben corregir de un fenómeno imparable.