El objetivo del Govern de impulsar un nuevo Régimen Especial para las Balears con el apoyo de partidos, agentes sociales y del conjunto de la sociedad civil debe ser apoyado con decisión. El anhelo de superar los costes de la insularidad y de padecer discriminaciones de todo tipo por el hecho de ser un Archipiélago ha de ser compartido por todos los isleños sin distinción de ideologías o intereses. Es el futuro colectivo lo que está en juego. Mientras, Canarias, gracias a la posición de bisagra que han alcanzado en el Congreso algunos de sus diputados, está arrancando ventajas y apoyos, Balears puede quedarse atrás y orillada si no reacciona con decisión.
Grandes reivindicaciones. Las aspiraciones baleares son amplias y de enorme calado, van desde pedir que baje el precio de la gasolina y la electricidad hasta reducir el IVA, además del descuento del 75% en todos los vuelos, becas para estudiar fuera de la Comunitat o deducciones en el impuesto de sociedades, entre otras metas clave. En algunos casos se trata de exigencias que se remontan a los años ochenta y noventa sin que Madrid se haya dignado a aceptarlas. Solamente será posible alcanzar el grueso de estas demandas, que son de absoluta justicia, desde la unidad de la sociedad civil y sus representantes.
Pequeños, pero fuertes. Balears es tierra periférica, pequeña en territorio y con poco más de un millón de habitantes, tradicionalmente ignorada por Madrid. Por contra su capacidad productiva es enorme y aporta a las arcas del poder central mucho más de lo que recibe desde hace al menos medio siglo. Más de un diez por ciento de su Producto Interior Bruto se va para no volver. El Archipiélago es un buen negocio para Madrid. Llega la hora de las compensaciones. La Constitución protege la insularidad, pero jamás, en sustancia, se cumple este mandato. Para lograrlo, es vital dar ahora imagen de fortaleza y cohesión.