El viernes tuvo lugar el acto de presentación en Barcelona de la futura ley del referéndum para la independencia de Catalunya, un texto que supone un paso irreversible en el proceso soberanista catalán. La norma que debe avalar la consulta del próximo 1 de octubre exige la declaración de independencia a las 48 horas de las votaciones en el caso de que obtenga la mayoría, pero sin fijar un mínimo de participación para darle validez. Un hecho que se orilló en el acto de ayer es la indiscutible ilegalidad de la iniciativa, quizá legítima para un sector de la sociedad catalana; pero que no cuenta con el aval jurídico necesario para garantizar su celebración y su resultado.
El compromiso de Rajoy.
Frente al desafío que supone un texto que debe tramitarse en el Parlament catalán para dar apariencia legal al referéndum soberanista, cobra fuerza la promesa reiterada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que no habrá urnas en Catalunya el próximo 1 de octubre. Cuando apenas faltan tres meses, el margen de maniobra es mínimo, pero deberían buscarse fórmulas antes de aplicar el recurso legal de la intervención de la autonomía catalana, tal y como prevé el artículo 155 de la Constitución. La decisión no está exenta de riesgos. El problema no radica en los amplios apoyos políticos que puede recibir el Gobierno de la mayoría de las fuerzas de ámbito estatal, la cuestión también estriba en un sector –y no reducido– de la sociedad catalana que apoya con entusiasmo el proceso soberanista.
La sinrazón política.
La situación en la que se encuentra inmersa Catalunya es el resultado de años en los que el diálogo político entre Madrid y Barcelona se ha sustituido por desafíos y sentencias judiciales. El marco jurídico que es incapaz de dar salida a las aspiraciones de sus ciudadanos, como ahora ocurre en Catalunya, precisa de cambios profundos. El acto de ayer es la confirmación de que ya se ha llegado tarde. Quizá demasiado.