El Gobierno central movió ayer ficha contra el proceso independentista catalán que lidera la Generalitat, el primer obús político para impedir la consulta declarada ilegal por el Tribunal Constitucional. Cada semana, técnicos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, cuyo titular es Cristóbal Montoro, controlarán que ningún gasto de las instituciones autonómicas catalanas se destine a financiar el referéndum convocado para el próximo 1 de octubre; una medida sin precedentes desde Madrid que significa, de facto, una intervención de baja intensidad en el autogobierno de Catalunya al evitar hacer uso de las prerrogativas del artículo 155 de la Constitución.
Ahogo financiero a la Generalitat.
La postura del Gobierno de Mariano Rajoy no admite resquicios. En el caso de que la Generalitat mantenga su actitud de desobediencia a los requerimientos del Tribunal Constitucional, el siguiente paso será bloquear los pagos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) con destino a Catalunya; lo que significa suprimir la capacidad económica de las instituciones catalanas. Sin dinero no hay referéndum. Esta parece ser la primera fase de los planes gubernamentales, los cuales se complementan con otras medidas, como la reclamación del Tribunal de Cuentas al expresidente Artur Mas y varios de sus colaboradores de hasta 5 millones de euros por la organización de la consulta del 9-N.
Faltan propuestas.
Madrid podrá entorpecer, incluso impedir, el referéndum independentista del 1-O, pero ello no supondrá resolver el problema político que subyace en Catalunya. Además de exigir el cumplimiento de la ley, como hace el Gobierno con el apoyo de la inmensa mayoría de las fuerzas políticas de ámbito estatal, es imprescindible plantear fórmulas, por ambas partes, que permitan desencallar un conflicto que divide a la propia sociedad catalana –los resultados de la última encuesta confirman la dicotomía–. Aún así, no pueden permitirse las salidas de tono del Gobierno de Puigdemont.