Tal y como admitía ayer el propio vicepresidente y titular de la Conselleria de Turisme, Biel Barceló, en la entrevista que concedió a nuestro periódico, la amenaza de un recurso de inconstitucionalidad a la ley que regula el alquiler turístico en Balears es muy real. El Gobierno central, al igual que hace con todas las leyes y normas que dictan las comunidades autónomas, examina su adecuación al marco competencial y su posible colisión con las disposiciones de ámbito estatal. Todo indica que la redacción del texto aprobado por el Parlament invade la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos y vulnera disposiciones de la Unión Europea en materia de libre competencia, circunstancia que pone en peligro la reglamentación balear.
Advertencias sin respuesta. Los diferentes departamentos gubernamentales ya hicieron llegar al Govern distintas advertencias sobre su propuesta legislativa del alquiler vacacional. La mayoría han sido obviadas en el texto final. Cabe advertir que el Gobierno central tiene la potestad para promover la suspensión de la entrada en vigor de todas aquellas normas que, desde su perspectiva, deben ser analizadas por el Tribunal Constitucional. Por tanto, cabe plantear si la actitud del Pacte en la tramitación de la ley se ha saltado las prescripciones técnicas remitidas desde Madrid de una manera consciente. Un desplante jurídico de estas características puede tener un elevado coste político para el Govern.
Acabar con la incertidumbre. Aunque es inviable que en agosto el Gobierno decida qué posición adopta respecto a la ley balear sobre el alquiler turístico, lo cierto es que sobre un texto de esta trascendencia no pueden agotarse los plazos hasta conocerse su decisión. Las prisas del Govern por acelerar la aplicación y la lentitud de Madrid en el análisis de la ley turística pueden acabar generando una situación de la que los ciudadanos serán los principales perjudicados y esto es lo que hay que evitar a toda costa.