Aunque no siempre se cumple, la tendencia de todos los gobiernos del mundo es procurar tener contentos a sus funcionarios, sobre todo a los de más alta cualificación técnica. De ello depende la buena marcha de la Administración y que los objetivos políticos obtengan rápidamente la imprescindible cooperación, dinamismo y entrega de los servidores públicos. Es en este contexto que ha de entenderse la decisión del Govern balear de gastarse 128 millones en pluses, con subidas individuales de hasta 12.000 euros anuales. Se trata de una medida aprobada en tiempos de Bauzá, que la crisis económica y presupuestaria fue ralentizando. Pero ahora les llega la hora de esta jugosa recompensa a los empleados públicos.
Eficacia y dedicación. Para el conjunto de la ciudadanía tal vez sea un tanto contraproducente la subida (superior a lo que se recaudará con la ecotasa) cuando en el sector privado muchas empresas están aún débiles tras el embate de la depresión y tienen que ajustar mucho sus números para seguir adelante. Pero por encima de pluses y de mejoras salariales, lo que de verdad exige la sociedad civil a sus funcionarios es eficacia y dedicación. Lo importante es que todos los servicios públicos funcionen perfectamente, que se agilicen los trámites y que el autogobierno esté al nivel de una comunidad activa y emprendedora que necesita del apoyo público para continuar su desarrollo. Más pluses se han de traducir en menos lentitud y más voluntad de servicio.
Compromisos políticos. De la misma manera que el poder político ha optado por aprobar y llevar a la práctica estos incrementos, también es necesario que sedimente su compromiso para lograr que el motor público funcione a la perfección. Esa es la mejor manera de convencer a los ciudadanos de que la medida redundará en beneficio para todos. La Administración autonómica debe ser una maquinaria de primera magnitud para canalizar el esfuerzo colectivo. Es preciso conseguirlo.