Con una insólita unanimidad de todas las asociaciones de jueces y fiscales tuvo lugar ayer la anunciada huelga de ambos colectivos, la cual se tradujo en la total paralización del sistema judicial en España. La protesta tiene su raíz en las reiteradas denuncias de la falta de medios, personales y técnicos, de que dispone la judicatura para poder realizar su importantísima labor con un mínimo de eficacia. El problema acaba repercutiendo en los ciudadanos, principales perjudicados de una lentitud exasperante para la resolución de cualquier asunto judicial; hasta el punto de convertirse en uno de los temas prioritarios en la escala de problemas más acuciantes de la sociedad española.
Un colapso crónico.
La situación que denuncian los jueces y fiscales españoles se viene prolongando desde hace décadas, hasta el punto de alcanzar el colapso de un sistema que es incapaz de dar respuesta a toda la carga de trabajo que se genera. Con una de las tasas de litigiosidad más elevadas de la Unión Europea, la judicatura española mantiene una plantilla de profesionales prácticamente congelada y con una dotación de medios obsoleta o ineficiente. El ejemplo más claro es un sistema informático de reciente implantación que es incapaz de dar respuesta a las mínimas exigencias para poder desarrollar las tareas propias de los juzgados con un mínimo de garantías, todo un monumento a la incompetencia del que nadie en el Ministerio de Justicia quiere hacerse responsable.
Reacción inmediata.
El paro de jueces y fiscales, al que en Baleares también dieron su apoyo numerosos abogados, debería provocar la reacción inmediata del Gobierno. Un país en el que su sistema judicial no funciona correctamente tiene un grave déficit democrático, y así debe entenderse desde las instituciones implicadas. Una justicia ágil es un derecho ciudadano irrenunciable y debería ser una prioridad para éste y cualquier Gobierno.