El proyecto de ley de cambio climático y transición energética aprobado por el Govern plantea, a partir del año 2025, sanciones importantes para los conductores que traten de llegar a las Islas con un vehículo diésel sin ser residentes. Hasta 3.000 euros es la multa prevista, cantidad que se multiplica por diez en el caso de empresas de alquiler de coches. La batalla contra este combustible, en la que también participa el Gobierno central, está generando una importante distorsión en el mercado de compraventa de automóviles, fruto de la lógica confusión entre los ciudadanos. Balears pretende ser una comunidad pionera e innovadora en la aplicación de medidas de protección medioambiental, una estrategia loable, pero que no debe inducir a la creación de falsas expectativas.
Nueva conciencia y legalidad.
Las sociedades occidentales son cada vez más conscientes de la necesidad, egoísta si se quiere, de conservar el medio ambiente. El riesgo del calentamiento global goza de cada vez más rigor científico y, en consecuencia, es preciso acelerar medidas para frenarlo. Reducir los combustibles fósiles es ya una necesidad, pero el progreso en esa dirección requiere atender todos los vectores; la legalidad es uno de los más importantes. Pretender frenar la llegada de vehículos diésel a Balears cuestiona tanto la normativa estatal como la europea, aspectos ambos que el Govern debe aclarar cuanto antes. Las normas ambiciosas también requieren solvencia jurídica con su anuncio.
Apostar por el futuro.
La industria del automóvil ya está dando muestras de adaptación a las nuevas exigencias medioambientales. La apuesta por los motores eléctricos o híbridos es una evidencia de ello. Sin embargo, los consumidores todavía ven serios inconvenientes relativos tanto a su eficiencia como al precio. Son aspectos en los que es necesario seguir trabajando porque, está claro, el planeta no puede seguir esperando.