La Fiscalía del Tribunal Supremo dio ayer un paso casi definitivo para exonerar al presidente del PP, Pablo Casado, en el ‘caso máster', al no ver indicios sólidos del delito de prevaricación y considerar prescrito el cohecho impropio. Los indicios de delito fueron apuntados por la jueza que instruye el asunto y que ya tiene sujetas a investigación a diferentes personas, incluida la exministra Carmen Montón. Pero el aforamiento de Casado le ha permitido que sea el Supremo quien deba pronunciarse. Y todo indica que, tras el informe de la Fiscalía, los jueces archivarán su caso.
El papel de la Fiscalía
La decisión del ministerio público causó una notable sorpresa. La obligación de los fiscales es investigar cualquier acto que tenga visos de delito, sobre todo después de que así lo haya pedido una jueza en un auto demoledor, que incluso causó cierta alarma social por la ‘ligereza' académica de la Universidad Rey Juan Carlos a la hora de repartir titulaciones. Parecía lógico suponer que sólo después de esta investigación podría dirimirse si tenían consistencia los razonamientos de la magistrada o si los hechos estaban prescritos. Resulta sorprendente que la Fiscalía dé el carpetazo antes de pedir que Casado preste declaración, entre otras razones, porque la jueza puede seguir investigando a los otros encausados.
Suavizar el clima político
La rápida reacción del Gobierno socialista, al afirmar su respeto a las decisiones judiciales, coincide con el escándalo en torno a la tesis doctoral de Pedro Sánchez. En este confuso contexto, sorprende que un órgano tan jerarquizado como la Fiscalía, que sitúa en su cúpula al fiscal general del Estado, nombrado por el Gobierno, no haya sido más incisivo para que Casado sea investigado. Pronto se verá si se suaviza también el ‘caso tesis', dejando políticamente en empate el lamentable pulso de currículos hinchados de la clase política. El prestigio de las instituciones quedaría a la altura del betún.