El hecho de que el número de trabajadores peninsulares que llegan a Balears se haya duplicado en seis años, alcanzando casi la cifra de 8.000 personas, demuestra, por un lado, que el Archipiélago se mantiene puntero a la hora de sedimentar la recuperación económica, y por otro, que algunos territorios del Estado continúan siendo exportadores de mano de obra, señal inequívoca de que aún no han logrado articular una estructura económica propia lo suficientemente sólida. Balears mantiene el ritmo del último medio siglo de ser receptor de mano de obra de otras partes de España menos dinámicas a la hora de crear tejido productivo y empleo.
Buenos augurios.
Cada vez es más evidente que el Archipiélago ha superado con brillantez la crisis, por encima de las lógicas disfunciones coyunturales que acaban siempre superándose. La industria turística no sólo se mantiene sólida, sino que se están viviendo nuevos fenómenos, como la eclosión de los hoteles boutique, claves para potenciar el turismo cultural y superar la desestacionalización. A su vez, un fenómeno preocupante pero muy activo ha venido a sumarse a la dinámica productiva: el alquiler turístico, al que es necesario vigilar y controlar pero que trae a las Islas flujos de dinero y, en consecuencia, mayor capacidad de inversión.
Un Govern vigilante.
Pero estas buenas perspectivas, con capacidad para dar trabajo a personas de otras autonomías y, en consecuencia, ser locomotora de la economía española, debe mantener en guardia reivindicativa a nuestro Govern. Balears aporta a las arcas del Estado mucho más dinero del que luego recibe para inversiones. El autogobierno, que es muy consciente de ello, ha de sostener su posición reivindicativa ante la Administración central para lograr un justo reparto de los recursos públicos. No es de recibo que otras autonomías reciban muchas más ayudas mientras que aquí se crean los puestos de trabajo.