La rehabilitación del barrio de sa Penya bien podría ser el paradigma de la lentitud con la que responde la administración a los problemas a los que se enfrenta. Tardar 30 años en empezar unas obras es un plazo que excede cualquier análisis razonable y que no admite justificación alguna, máxime cuando la administración dispone de todos los instrumentos que necesita para actuar a su conveniencia. Gobiernos municipales de todos los partidos son corresponsables de tamaña incapacidad a la hora de poner fin a la degradación ambiental y social de un barrio declarado conjunto histórico nacional en 1969 y que linda con la zona declarada por la Unesco Patrimonio de la Humanidad y que conecta con La Marina y el puerto de Vila.
Un primer paso real.
El de ayer es, pues, un día histórico para la ciudad en particular y para la isla de Ibiza en general, ya que supone el primer paso real y efectivo después de numerosos estudios, trámites y planes en el tránsito hacia la recuperación de tan emblemático espacio. La reconversión de 44 infraviviendas en 11 viviendas de protección oficial en régimen del alquiler al mismo tiempo que se rehabilitan infraestructuras y se crean espacios comunes del barrio parece un camino apropiado, en la medida que mejora la habitabilidad del barrio e incrementa, aunque mínimamente la oferta de vivienda pública en alquiler.
La iniciativa privada ha de sumarse.
Es necesario que la administración siga destinando recursos a la rehabilitación de sa Penya, aunque ésta no será exitosa, si no se logra implicar al sector privado. Cabe destacar que una de las consecuencias de las obras que empezaron ayer es el efecto estimulador que pueda tener sobre la iniciativa privada. Actuar como tractor cuando no lo hace el mercado es uno de los papeles de los poderes públicos que dan sentido a su propia existencia y al principio de redistribución de la riqueza. La inversión privada es positiva porque libera recursos públicos, genera actividad y evitará que el barrio sea exclusivo de vivienda de protección oficial.