La consellera de Salut, la socialista Patricia Gómez, es la responsable política de que el servicio del transporte aéreo sanitario haya pasado de una empresa que lo prestaba a plena satisfacción a otra, Eliance, que es calificada de «piratas del aire» por los sindicatos y cuyo listado de irregularidades pone los pelos de punta. De Gómez es la responsabilidad de haber decidido cercenar la concurrencia y, por ende, la competencia entre empresas al haber optado por un proceso negociado sin publicidad para adjudicar un megacontrato millonario de 25 millones de euros más IVA para cuatro años de servicio. Al igual que también es decisión suya permitir que no se haya cumplido la subrogación de los trabajadores que exigían sus propios pliegos; se haya concedido un periodo de gracia de cinco meses para la entrada en servicio del material ofertado y que a la postre fue incumplido porque no será hasta un año después cuando entren en servicio los aviones comprometidos y que fueron clave para decantar el concurso. Siendo todos los antecedentes censurables, más grave aún es que el helicóptero con base en Ibiza y que presta un servicio esencial trasladando pacientes entre las pitiusas y entre éstas y Son Espases, o incluso la Penísula, haya visto reducida la seguridad de tripulantes y pacientes al volar con un solo piloto y en vuelo visual, en lugar de en modo multipiloto y en modo instrumental, tal como recogen unas bases que Eliance ha convertido en papel mojado con la tolerancia del Govern.
No es alarmismo, es responsabilidad.
Hoy publicamos que las tretas de Eliance le están suponiendo un importante ahorro de costes, que los sindicatos cifran en más de un millón de euros al año. Con estos antecedentes sorprende la reprimenda de la presidenta del Govern, Francina Armengol, a la diputada de Gent per Formentera, Silvia Tur, a quien acusó el día 29 de octubre de «crear alarmismo» por preguntar por el servicio. Reclamar las máximas medidas de seguridad es una obligación de sindicatos, medios de comunicación y partidos políticos y de garantizarla del gobierno que gestiona el servicio.