Ea masiva respuesta del sector primario de Balears a la convocatoria de las patronales, expresada en Eivissa y Formentera mediante una carta a la Dirección Insular del Estado -en Mallorca y Menorca se expresaron en las diferentes tractoradas que tuvieron lugar–, confirmó la voluntad de los payeses por evitar su extinción. Las reclamaciones van dirigidas a todos los frentes, desde la Unión Europea al Gobierno central y, también, ante los hoteleros, por su falta de compromiso con el consumo de productos autóctonos. Agricultores y ganaderos, además, ven gravada su actividad por unos costes de insularidad que les restan aún más competitividad frente a los alimentos procedentes del exterior.
La agricultura no es una anécdota.
El impacto social de la actividad agrícola en Balears merece ser tenido en cuenta. Con demasiada frecuencia el mundo de la payesía queda arrinconado por unos resultados económicos incomparables con los del sector de los servicios –hostelería, restauración y comercio–, pero con demasiada frecuencia se olvida el escenario adverso al que debe hacer frente. Las importaciones extracomunitarias logran precios irrisorios, compitiendo en condiciones de desigualdad, y las exigencias fitosanitarias de la UE no son equiparables con las de estos países. Mientras, las grandes empresas distribuidoras aplican precios por debajo de coste como reclamo para el consumidor. El panorama se completa con la insensibilidad –con contadas excepciones– de las grandes empresas de distribución y del sector turístico, que priman el precio frente a la calidad. Así, el campo agoniza.
Compromisos y realidades.
Las protestas de ayer no pueden quedar en una anécdota. Su alcance confirma la gravedad de una situación que abarca a todo el Estado. El Gobierno debe arbitrar fórmulas que garanticen la digna supervivencia del campo, incluyendo el balear, especialmente desfavorecido por los costes de la insularidad.