Los retrasos en la ejecución de los proyectos de carreteras incluidos en el convenio firmado entre el Consell d'Eivissa y el Ministerio de Fomento en 2009 han propiciado que el mismo y las posteriores adendas hayan caducado sin que se hayan ejecutado todas las inversiones previstas y que debieron haberse acabado en 2014, según la previsión inicial. Ante este escenario, uno de los objetivos del gobierno de Vicent Marí ha sido la firma de una nueva adenda al convenio para que las inversiones pendientes sean sufragadas por el Estado, algo lógico pero que en estos momentos no está garantizado. El Ministerio de Fomento ha ignorado las tres cartas enviadas desde el Consell, una deslealtad institucional y un desprecio a los ibicencos.
El Gobierno ya no está en funciones.
Nada justifica la descortesía de no contestar a las legítimas peticiones de una de las partes firmantes del acuerdo. El hecho de que el Gobierno estuviera en funciones cuando se enviaron las dos primeras cartas no es óbice para no contestarlas. El Gobierno ahora ya no está en funciones, por lo que ya no puede esgrimir dicha razón para continuar sin resolver una cuestión prioritaria.
Proyectos necesarios.
El Consell d'Eivissa no solo quiere garantizar que los retrasos de obras emblemáticas, como la de la carretera de Santa Eulària, acaben suponiendo un agujero en las cuentas de la institución, ya que al iniciarse se contaba con la aportación del Estado; también quiere formalizar un nuevo acuerdo bilateral que permita emprender obras muy necesarias para modernizar una red viaria que no está dimensionada al tráfico que soporta. La transformación de la E-10 que el alcalde de Vila, el socialista Rafa Ruiz, no quiso financiar a través de los fondos de la Ley de Capitalidad es una de ellas. También la carretera de Sant Antoni a Sant Josep y la de Jesús a Cala Llonga son actuaciones prioritarias, al igual que mejorar la capacidad y la seguridad del tramo de la carretera de Santa Eulària en el que no se ha actuado en el proyecto actual. El Consell está haciendo los deberes encargando la redacción de los proyectos. Falta ver si Fomento es sensible a esta demanda.